Opinión

El suceso de Godella: ¿incompetencia social?

Hace mucho tiempo que desde la Sociedad Aragonesa de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses, a la que tengo el honor de pertenecer y de ser miembro fundador, venimos reclamando “otras” medidas para abordar el tratamiento del enfermo mental grave que comete acciones violentas y antisociales. Enfermo que, a la sazón, no tiene, ni puede tener, conciencia de la ilicitud de su acción, cuyo pensamiento está sumido en una estructura delirante y de cuya conducta se pueden derivar hechos horripilantes.

Pero nuestra voz “clama en el desierto” de la ignorancia y de la fragilidad intelectual con la que hoy se hace casi todo en esta sociedad. Una sociedad que se preocupa solo de lo impactante y no tanto de lo importante.

Y, precisamente porque ha sido impactante (me temo que solo por unos días) lo ocurrido en Godella, se han levantado inmediatamente voces de crítica y de espanto. Voces que pronto callarán hasta la llegada de otro “nuevo e inevitable” suceso, repitiéndose como si de un ritual obsesivo-compulsivo se tratara, nuevas e ineficaces protestas, minutos de silencio, llantos e indignación.

Hay una máxima que dice: “Si se hace lo que siempre se ha hecho, se obtendrá lo que siempre se ha obtenido”. Y ahí estamos, haciendo siempre lo mismo, y en consecuencia, consiguiendo los mismos resultados. O sea, ninguno. Mejor dicho, sí; esta vez hemos conseguido que unas “pobres e indefensas criaturas” hayan abandonado el “valle de lágrimas” en el que estaban, para ir directamente al “cielo”.

Las actitudes y conductas, incluso públicas y conocidas, que esos padres venían observando eran concluyentes: estaban enfermos. Gravemente enfermos. Quizá no tanto para los no expertos, pero cualquier profesional de la psiquiatría hubiera diagnosticado un cuadro psicótico con ideas de perjuicio y de posesión demoniaca. Pero claro para eso hay que verlos, explorarlos y, si se puede, tratarlos. Y ahí vienen los problemas y conflictos.

Entiendo y asumo que el bien prioritario en nuestra sociedad es la libertad, eso dice la Carta Magna. Pero mi pregunta es: ¿puede haber libertad sin una salud mental aceptable? ¿Tiene libertad la persona que se cree perseguida por fuerzas misteriosas capaces de poseer a sus hijos? ¿Es posible respetar una libertad viciada en su origen? Y, por último, ¿es adecuado que un enfermo mental severo ingrese en prisión (aunque sea de forma provisional) como tratamiento de su dolencia?

La situación es, a mi entender, patética y vergonzosa a la vez. Estamos “mareando la perdiz”, como se dice coloquialmente, con temas de escaso o nulo valor práctico, y seguimos, en cambio, cuestionando que la enfermedad mental es, ante todo, una enfermedad.

Algunos, incluidos ciertos familiares, alguna sociedad de psiquiatría y también ciertos juristas, hablan de “estigma” hacia el enfermo psíquico porque exista una regulación que posibilite el tratamiento ambulatorio involuntario. En cambio,  ahora callan y consideran “mala suerte” lo ocurrido en Godella, expresando su pesar, pero manteniendo la imposibilidad de llevar a buen puerto una regulación de una medida urgente y necesaria.

Curiosamente, se invierten miles, tal vez millones de euros, en fastos e ideas megalomaniacas de grandeza y de sectarismo; en revivir obsesivamente el pasado; incluso en crear nuevos artículos para la protección animal (que me parece muy bien). Pero en cambio, no invierten ni tiempo ni dinero en conseguir una legislación adecuada que proteja a los más débiles (niños y ancianos). En fin, así son las cosas y así somos las personas, algunas personas, claro.

Solo con la información que ha parecido en todos los medios nacionales y autonómicos, cualquier psiquiatra, con un mínimo de experiencia clínica y asistencial, se atrevería a afirmar que los padres asesinos de Godella son unos enfermos psicóticos sometidos a ideas delirantes de tipo místico-religioso que, cuando presuntamente asesinaron a sus hijos, creían estar matando al “maligno”.

Por lo oído en los programas informativos, estos padres, como otros que he tenido ocasión de estudiar, no deberían estar en prisión, sino en un Hospital Psiquiátrico Penitenciario. El problema es que solo hay dos hospitales, están llenos y, además, la norma vigente impide su ingreso en ellos hasta que haya sentencia firme.

En estas circunstancias, el único lugar que parece existir en espera de que los Tribunales se pronuncien en el caso de Godella es la prisión. Prisiones donde no hay psiquiatras, a veces tampoco médicos, y donde los funcionarios son los únicos encargados de dar y vigilar el cumplimiento adecuado de los tratamientos prescritos, haciéndolo con mucho interés, pero siendo ajeno a su competencia y responsabilidad profesional.