Muchas cosas pueden estar en riesgo en España y no solo la recuperación económica, dependiendo de quién gane las próximas elecciones generales o, con más precisión, quién consiga formar gobierno. Una de ellas es, a juzgar por la fijación ideológica que viene demostrando la izquierda, la enseñanza concertada, pese a que su existencia ofrece dos ventajas: ahorra costes al Estado (consecuencia, todo hay que decirlo, de la insuficiente dotación de recursos que se le destinan) y satisface el principio constitucional de libertad de enseñanza.
Porque al margen del modelo educativo que cada partido prefiera, y que en el caso de la izquierda apunta claramente a un monopolio estatal de la enseñanza, sin intervención alguna de la sociedad y la iniciativa privada, la demanda social es inequívoca y no debería ignorarse. El mejor barómetro para medir esa demanda es el que ofrecen las solicitudes anuales de escolarización de los niños que se incorporan al sistema educativo, y los datos son inapelables. En Zaragoza capital hay 51 colegios que han ofrecido 2.370 nuevas plazas para el curso 2019-2020 y que han recibido 2.340 solicitudes (casi un 99% de la oferta), lo que ha dado como resultado que 24 de estos colegios se encuentren saturados y dos más hayan cubierto el 100% de las plazas. Frente a esta oferta concertada, hay 83 colegios públicos que han ofrecido 3.683 nuevas plazas y que han recibido 3.067 solicitudes (un 83% de la oferta).
Hay además un factor añadido que otorga más valor a esa diferencia en las preferencias de los padres. Cualquiera pensaría que uno de los factores determinantes en la elección de colegio, y más en esas edades tempranas -estamos hablando de primera escolarización-, es la cercanía del centro educativo al domicilio o lugar de trabajo de los padres; un criterio de elección que claramente favorece a los colegios públicos, puesto que hay más y por ello mismo es más probable que satisfagan ese criterio de proximidad. Pero es evidente, a la vista de los datos, que no es ese el factor determinante, porque la enseñanza concertada, con menos oferta, obtiene más demanda.
Una de las reivindicaciones en que coinciden padres y centros es la extensión del concierto educativo a Infantil y Bachillerato, como disfrutan en, por ejemplo, el País Vasco, como consecuencia de esa privilegiada financiación de sus servicios públicos que les otorga el cupo, y en donde el Partido Socialista, que gobierna coaligado con el PNV, no parece presentar objeciones ideológicas como las que han exhibido los responsables educativos en Aragón, también socialistas y que ya en los primeros años de legislatura provocaron masivas movilizaciones. La recuperación de las competencias educativas por parte del Estado impediría esos casos de adoctrinamiento nacionalista y manipulación de la historia que conocemos, y acabaría con esas sangrantes e injustas diferencias que permitan que haya, también en este ámbito, españoles de primera y de segunda.
Es evidente que para muchas familias, la libertad de enseñanza y la escolarización de sus hijos será otro de los factores a analizar a la hora de depositar próximamente el voto.
