“Quien tiene el poder es quien pone el nombre de las cosas”. La frase se atribuye a Lewis Caroll aunque es posible que sea apócrifa. En cualquier caso, es extraordinariamente certera. Y viene a cuento recordarla a propósito del tiempo que consumieron en el reciente debate de los presupuestos municipales de Zaragoza cuestiones exclusivamente terminológicas en lugar de la distribución del dinero entre las diversas partidas, que es de lo que se trataba. Cómo se llamara una partida presupuestaria era más importante que el dinero que se le asignaba. Así, que a la partida dedicada a la protección de las víctimas de violencia de género se le añadiera el término violencia intrafamiliar (sin eliminar el anterior ni sustituirlo) resultó mucho más importante, e insoportable -e incluso reaccionario- para la izquierda, que el que se le dotara con cien mil euros más fruto de la enmienda de VOX. Que se amplíe el régimen de ayudas a otros colectivos vulnerables en el ámbito familiar como los niños o ancianos es irrelevante -y parece que incluso indeseable- porque difumina el término que ha acuñado la izquierda. Es verdad que las Naciones Unidas emplean un término más amplio, omnicomprensivo, pero que no les satisface: violencia contra la mujer (Declaración de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 1993 sobre la eliminación de la violencia contra la mujer) Quien tiene el poder… Negar su terminología niega su poder para imponerla, algo a lo que después de cuarenta años de cesiones pastueñas no están acostumbrados.
A la revisión sectaria de la historia reciente, deliberadamente amnésica de ciertos pasajes incómodos, le han dado nombre: “Memoria histórica”, y negar ese obvio oxímoron es objeto de anatema. Todos queremos tener nuestro relato encomiástico o exculpatorio y esa, la memoria histórica, no es otra cosa que un relato de parte con el que la izquierda quiere limpiar su pasado, olvidando las responsabilidades que tuvo, muchas y graves. El problema de la memoria histórica no es que sea un relato de parte, sino que la publiquen en los boletines oficiales con la pretensión de hacerla obligatoria a quienes conocemos testimonios y tenemos lecturas que desmienten su relato. De ahí al delito de opinión de quien piense diferente hay un paso. Pero de nuevo son ellos quieren ejercen el poder de poner el nombre de las cosas. Y por primera vez en cuarenta años hay alguien que se lo discute. De ahí su preocupación.
El lenguaje inclusivo: todos y todas… La ministra Calvo propone una redacción inclusiva de la Constitución o nos distrae (y se distrae) con cuestiones tan graves como el nombre del Congreso de los Diputados. De nuevo el poder de poner el nombre de las cosas. No es el nombre lo importante, sino quién detenta ese poder.
La derecha de este país ha ignorado durante cuarenta años la importancia política del lenguaje, dejando que sea la izquierda quien lo modele y lo imponga, aceptándolo como una cuestión menor y anecdótica, cuando no lo es, ni menor ni anecdótica. Y la prueba de que no lo es, es precisamente la extraordinaria vehemencia con que lo defienden. ¿O no se habían dado cuenta? Alguien tiene que decírselo: no tenéis el poder de poner el nombre de las cosas. No lo tenéis.
