ALBERTO CÁRDENAS BARRAGÁN, Socio director de Jolister Legal.
Nuestra sociedad está viviendo la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años. Un virus invisible ha transformado para siempre nuestra forma de vida, tanto a nivel personal como comunitario. Probablemente a partir de ahora nos lavemos las manos más a menudo, estornudemos y tosamos en la parte interior del codo y seamos más cautos en nuestras relaciones interpersonales. Porque es lo responsable y porque los científicos ya nos han adelantado que debido a la globalización el riesgo de pandemias es cada vez más alto. Pero eso será un problema de los aragoneses del futuro, un futuro no muy lejano.
Nuestra realidad actual es que nos enfrentamos a una gran crisis sanitaria que va a desembocar en una gran crisis financiera. Más allá de las promesas de temporalidad, hibernación o bypass de la economía, la realidad es que nos estamos enfrentando a una crisis tanto de oferta como de demanda.
Las fábricas no están produciendo, los materiales no llegan, las prioridades (absolutamente lógicas y necesarias) son abastecer al sector sanitario y sus sectores satelitales. Pero esto implica que empresas de automoción no fabrican coches, que tiendas de cocinas no fabrican cocinas, etc.
Y respecto a la otra cara de la moneda, nos encontramos con una gran masa social que de la noche a la mañana ha perdido poder adquisitivo a raudales, desempleo, y en definitiva, pérdida de confianza y de capacidad de demanda.
Frente a este panorama desolador, y por aplicación de las más elementales leyes de la macroeconomía, es el sector público el que tiene que sostener la economía con gasto público útil y productivo, enfocado a dar el empujoncito necesario a cada uno de los frentes, el de oferta y el de demanda, para que ese parón sea realmente coyuntural y no estructural.
Las principales asociaciones y confederaciones de empresarios y autónomos han recalcado hasta la saciedad que se están ninguneando a empresas y autónomos en las medidas aprobadas por el Gobierno de España.
El perfil de estas ayudas es destinar ayudas directas a la población (demanda) de forma que encuentren su tranquilidad durante dos meses vista. Véase no consumir tiempo de prestación de desempleo con los ERTES o acceder a ellos sin tener el tiempo cotizado mínimo. Medidas necesarias e imprescindibles, pero absolutamente insuficientes. Porque para cuando esas medidas temporales terminen, el tejido empresarial (90% de pymes en España) estará destruido.
Es sencillo comprender por qué estará destruido. A las empresas, la solución general que se les ha dado es obtener financiación (al 1,5% de interés, no gratis). Es decir, una empresa que tiene un agujero financiero derivado de esta crisis se ve obligada a financiarse para tapar el agujero de hoy, pero lógicamente está cubriendo gastos y pérdidas puras, no está produciendo, no está vendiendo. Esa financiación no financia crecimiento, aplaza el problema.
El ser humano tiene que estudiar su historia para no volver a repetir los problemas del pasado. Estamos asistiendo al mismo problema de resolución de crisis que se hizo con los bancos/cajas en la última década.
En vez de llegar el dinero a las familias y que eso sirviera para directamente amortizar deuda bancaria, el dinero se dio al sistema financiero para que cuadraran sus balances, mientras que las familias mantenían sus deudas y muchos perdían sus casas.
Aquí se ha vuelto a cometer el mismo error pero al revés. El dinero, muy poco, va a llegar a las familias para ponerlas en modo supervivencia, mientras que las empresas están siendo abandonadas a su suerte. Los autónomos han sido literalmente abandonados por esa normativa protectora, teniendo que abonar, incluso, los recibos de autónomos de los meses de marzo y abril.
Nuestra economía no soporta que miles de tiendas y comercios, profesionales de todo tipo, generen un agujero económico de dos meses teniendo que hacerse cargo de él íntegramente. No estamos hablando de grandes corporaciones (que también). Estamos hablando de todo el comercio que este lector pueda ver en sus calles o en su barrio.
Urge un plan de estímulo empresarial. Porque si la oferta funciona, se mantendrán puestos de trabajo, se mantendrán cotizaciones sociales y la recaudación impositiva, podrá volver a restaurarse la confianza en el consumidor que habrá visto asegurado su puesto de trabajo y todo volverá, poco a poco, a ser como era antes. Con medidas que solo buscan subsidiar, en pocas semanas situaremos el nivel de paro en España por encima de los seis millones de nuevo.
Porque el Estado necesita ingresos, y esos ingresos proceden del gasto de las familias y de la actividad económica de empresas y autónomos. Si no mantenemos un tejido empresarial fuerte, la espiral de destrucción económica comenzará de nuevo. Tocará recortar gasto público, precariedad de pensiones y servicios básicos del Estado y el aumento de paro volverá a traer números rojos a las familias y el plan de estímulo como está planteado, a día de hoy, habrá servido para lo que los expertos internacionales consideran que servirá: para nada.