Las controversias en torno a los contratos privados, a su interpretación y alcance, al valor de los servicios contratados y efectivamente prestados es algo cotidiano. Estamos hablando de contratos privados entre particulares, con intereses distintos y, a veces, contradictorios. Los juzgados están llenos de casos de ese tipo. Quizás por eso nos ha llegado a parecer normal lo que jamás debiera serlo, que las administraciones públicas litiguen entre ellas como si también ellas defendieran intereses distintos y contradictorios. El caso de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre la deuda del tranvía sería un caso paradigmático, que analizado con distanciamiento no puede sino suscitar una enorme perplejidad.
El TSJA ha sentenciado que el Gobierno de Aragón debe al Ayuntamiento de Zaragoza la cantidad de 33,5 millones de euros en cumplimiento del convenio suscrito en su momento por ambas instituciones para la financiación de la obra. Recordemos que quien dejó de pagar las anualidades pactadas fue Luisa Fernanda Rudi al frente de la DGA a partir de 2013, con un alcalde socialista entonces al frente del Ayuntamiento zaragozano. El concejal de Hacienda de la época, Fernando Gimeno, amagó con recurrir ante los tribunales, cosa que nunca hizo. Pero si reclamó el pago mientras sirvió en el Ayuntamiento, lo negó luego, poco después, siendo Consejero de Hacienda del Gobierno aragonés, cuando Zaragoza en Común lo exigía. E igualmente, su sucesor, Carlos Pérez Anadón, procedente del Ayuntamiento de Zaragoza y desembarcado luego en el Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón, ha defendido una postura y la contraria en el ejercicio sucesivo de sus cargos. De la misma forma que Azcón ahora defiende la justicia de esa reclamación que Rudi rechazó en su momento.
Nos hallamos así frente a la paradoja de que los partidos políticos que se han turnado al frente de ambas instituciones han defendido alternativamente un reclamación justa (el TSJA ha dictaminado que lo es) y un rechazo injusto. E igualmente, las personas que han pasado a desempeñar cargos de una a otra han defendido una cosa y la contraria con absoluta desenvoltura, defendiendo lo que parecen ser intereses distintos. ¿Pero realmente son intereses distintos? Son intereses “políticos” distintos; “políticos” en el peor sentido del término: partidistas. Los intereses reales que se dirimen son los de los ciudadanos, que son distintos de los suyos, y que son -que deberían ser- los mismos, gestionados por una u otra institución.
En cualquier caso, tenemos un problema, y éste no es que una administración deba dinero a otra, sino que ambas forman parte de la misma estructura institucional, política y administrativa, que debe servir a los mismos ciudadanos, al mismo cuerpo social; y que ambas deberían funcionar perfectamente engranadas, perfectamente coordinadas, como un solo organismo -la Administración Pública-, y no es así. Y que en ambas están presentes los mismos partidos políticos que conocen los organigramas de esas administraciones, sus competencias, sus presupuestos, su marco normativo… ¿Cómo son posibles, entonces, estos desencuentros, estas pugnas, estén o no, que eso debiera ser irrelevante, gobernadas las distintas instituciones por los mismos o distintos partidos?
Quizás el problema sea que tenemos demasiadas administraciones y que es inevitable que, siendo tantas, se solapen y entren en colisión por las competencias y en pugna por los recursos. La solución es sencilla, ya lo saben. En cualquier caso, el derroche está servido, y la ineficiencia en la prestación de servicios. Y eso lo pagan los españoles, los aragoneses y, aquí, los zaragozanos.
