JULIO CALVO IGLESIAS, Presidente del Comité Ejecutivo Provincial de VOX en Zaragoza.
Hubo una película con ese nombre. Quizás a Sánchez le gustara porque se está dedicando a ello, a la demolición, con auténtico empeño. Está pasando, es verdad. El último episodio de esta cadena de despropósitos en que se ha convertido la acción del Gobierno debiera ser la evidencia última -quizás sea ingenuo pensar que la definitiva- que abriera los ojos de una ciudadanía anestesiada, especialmente de sus votantes, aunque ya hay socialistas que tímidamente -sin abandonar, por supuesto, sus cargos, porque a tanto no llegan sus principios- están atreviéndose a emitir alguna queja, algún signo de disconformidad. Lo de Bildu es excesivo. Hay que hacer algún pequeño gesto de desagrado, aunque sea un mohín que permita lavar la cara ante los votantes y la propia conciencia. De momento los únicos socialistas que muestran abiertamente sus discrepancias son los que, por razón de edad, ya no tienen ningún cargo remunerado, los que abandonaron hace tiempo la primera línea de la política.
Al acuerdo logrado en torno a los Presupuestos le ha precedido la Ley Celaá, la peor de las leyes de Educación imaginables, un auténtico esperpento liberticida: apuntilla al castellano, lengua oficial del Estado, como lengua vehicular en la enseñanza en todo el territorio nacional, algo insólito en el mundo; acaba con la enseñanza especial para niños con limitaciones intelectuales y severos problemas de aprendizaje, generando un auténtico drama para esos niños y sus familias; carga contra la enseñanza concertada, laminando la libertad de educación consagrada en la Constitución; y rebaja más aún los niveles de exigencia académica para pasar de curso. Ni hecho a propósito. Que lo está: a propósito, digo.
Pero ha llegado el momento de preparar unos Presupuestos, y se presentan unos que no convencen ni al Banco de España, ni a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ni al Fondo Monetario Internacional, que no se los cree nadie. Unos presupuestos con un rumbo exactamente opuesto del que han fijado el resto de países europeos. Los peores presupuestos posibles, según todos los expertos, y además pactados con partidos que se declaran enemigos de España, de la que quieren separarse y a la que desean ver debilitada y exangüe, porque eso facilitará sus propósitos. Esos presupuestos son, si esos son sus deseos, los más apropiados para conseguirlos.
“Suena un poco petulante”, decía Sánchez hace pocos días, “pero queremos liderar un cambio de etapa”. Y puede que haya sido una de las pocas veces en que ha sido sincero. Su vanidad le hace creerse capacitado para una misión de tal envergadura. Que quiere desmontar el régimen del 78 es evidente. Lo que es más dudoso es que tenga un modelo alternativo, coherente, más justo y mejor. Pero cualquiera que sea el modelo que tenga en mente, si lo tiene, lo que es cierto es que lo quiere construir sobre los escombros del anterior y quizás de la Nación entera, como con seguridad desean sus socios, quienes votaron su investidura y ahora sus presupuestos. Con la gestión de la pandemia ha hundido la economía a niveles que no logró Zapatero cuando enfrentó la crisis del 2008 con las medidas anticíclicas, así las llamaba, menos convenientes en aquel momento. Y ahora la quiere apuntillar con unos presupuestos absolutamente contraindicados. La ley de Educación va a sumir en la indigencia académica e intelectual a las próximas generaciones de españoles. Está entregando la gobernación del país a los separatistas y a todos los que se declaran enemigos de España. Ciertamente, la labor de este Gobierno parece un ejercicio consciente y deliberado de demolición.