DR. JOSÉ CARLOS FUERTES ROCAÑÍN, Presidente de la Sociedad Aragonesa de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses. @jcfuertes.
Algunos dicen que hemos conseguido un avance social sin precedentes al regular (legalizar) la eutanasia, y ser España uno de los pocos países que la va a realizar con todas las garantías legales. Sensu contrario, hay quien piensa que estamos cometiendo un error garrafal, abriendo la espita del “crimen legal”, que va a posibilitar una situación dantesca donde se podrá eliminar fácilmente a los más desvalidos. Me he permitido hacer alguna reflexión al respecto.
Como médico estoy formado y entrenado, esencialmente, para cuidar y ayudar a mis semejantes. Es lo que he venido haciendo desde el año 1980, cuando me licencié en Medicina y Cirugía en la Universidad de Zaragoza. Desde entonces ha llovido mucho y la situación social, económica, política y tecnológica ha cambiado notablemente. Pero lo que no ha cambiado es la razón de ser de la Medicina: consolar siempre, aliviar a veces y curar cuando puede.
Lo que no me enseñaron en la Facultad de Medicina de la capital aragonesa donde estudié, ni tampoco se enseña hoy, al menos por el momento, es a matar a nadie ni a eliminar la vida de un enfermo terminal. La eutanasia, si tenemos en cuenta su origen etimológico (buena muerte), ya se viene realizando desde hace mucho tiempo. Es lo que se hace en las “Unidades de paliativos”; esto es, conseguir que el enfermo tenga una “buena muerte”. Se les ayuda a morir dignamente, sin dolor, sin angustia, a veces sin consciencia, y siempre con apoyo emocional del profesional sanitario que está al lado del enfermo para consolarle y aliviarle hasta el momento final.
Cosa muy distinta es si entendemos como eutanasia aplicar un procedimiento directo, con el único objetivo de suprimir la vida; o bien, si le damos al paciente una o varias prescripciones para que sea él mismo quien lo pueda llevar a efecto al ingerir sustancias capaces de producir una acción letal. Hasta este momento esas conductas se llamaban auxilio al suicidio o directamente homicidio doloso e, incluso, asesinato.
A fecha de hoy en el mundo está legalizada la “eutanasia activa” en unos pocos países: Bélgica, Canadá, Colombia, Luxemburgo y Países Bajos. Bajo el título de “suicidio asistido”, también está regulado en Suiza, Alemania, Japón y algunos estados de EEUU; en concreto, Washington, Oregon, Vermont, Colorado, California, Montana y Washington D. C. En el resto de los países es una práctica rechazada, ilegal y proscrita.
Evitar el sufrimiento de un enfermo terminal nadie lo puede cuestionar. La Medicina actual dispone de medios suficientes para ello, el problema es que en nuestro país no existen suficientes unidades de cuidados paliativos y ese es un inconveniente muy serio, podríamos decir que es el gran problema, ya que si existiera un número suficiente de unidades y personal dedicado a ello, la eutanasia, tal y como se ha legislado, se convertiría en un situación residual e irrelevante.
Ayudar a morir en paz y con dignidad es un objetivo que cualquier médico tiene sin ninguna dificultad. Pero de ahí a administrar directamente y como única finalidad sustancias tóxicas que produzcan el fallecimiento a la persona, el cambio no solo es ideológico-político-jurídico, sino también ético-deontológico y, además, de gran calado.
La inmensa mayoría de los médicos aceptamos, faltaría más, el no prolongar agonías innecesarias, limitar al máximo el dolor del enfermo, reducir la angustia y la ansiedad que la muerte conlleva. La inmensa mayoría de los profesionales sanitarios (médicos y enfermeros) no tenemos ninguna duda de que hay que tener obligada empatía con el sufrimiento ajeno. El llamado “encarnizamiento terapéutico” o distanasia es siempre rechazable y cruel. Pero el matar directamente y sin eufemismos a una persona es algo indigerible e inaceptable.
A pesar de las garantías que a priori parece que la ley va adoptar y de la obligada intervención de diversos profesionales sanitarios y jurídicos, me temo que las objeciones de conciencia se van a multiplicar. A pesar del preceptivo tiempo de reflexión (15 días) y de la intervención de una comisión de control y evaluación colegiada, va a ser necesario crear un cuerpo específico de “eutanatistas” que la lleven a cabo. No veo a mis colegas cambiando su ancestral papel de sanador, y convertirse en “verdugos” que acaben a sabiendas con la vida de otro ser humano.
Veremos más pronto que tarde cuál es el resultado de este transcendental cambio legislativo, y si dentro de un tiempo no tenemos que arrepentirnos de haber incluido la eutanasia activa como una conducta legal y ajustada a derecho, como dicen los expertos.