A pocos días de la presentación por parte de los Estados miembros de los planes nacionales de recuperación y resiliencia a la Comisión Europea, requisito para el acceso a los fondos asignados al mecanismo del mismo nombre (el mejor dotado de los denominados Next Generation), es imprescindible poner de relieve la necesaria colaboración de la Administración con las empresas para la mejor y más eficaz puesta en marcha de los proyectos más ambiciosos que se planea financiar con dichos fondos.
El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, de medidas para la aplicación de los nuevos fondos, ya pensó de manera acertada en los mecanismos para hacer realidad esta colaboración con la creación de un instrumento como son los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica). Esta nueva figura aspira a articular las iniciativas y proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española. Entre los criterios que el Consejo de Ministros, competente para la declaración de los PERTE, ha de considerar para concretarlos se incluye “el impulso de entornos colaborativos”, conforme al artículo 8 del Real Decreto-ley 36/2020.
En este sentido, varios ministerios, apoyándose en el contenido del citado Real Decreto (art.67), han suscitado desde entonces diversas manifestaciones de interés (MDI) para la identificación de proyectos tractores de competitividad y sostenibilidad industrial. El propio Ministerio de Industria, Comercio y Turismo fijó como uno de los requisitos que el proyecto fuese en cooperación y que pudiera contar con una empresa líder vertebradora del conjunto, así como un número mínimo adicional de cinco entidades participantes, exigiéndose que al menos el 40% de las entidades involucradas pertenecieran a la categoría de PYME.
Se rescata de alguna forma la figura de las agrupaciones de empresas sin personalidad jurídica que pueden optar a ayudas para actividades vinculadas al plan nacional de recuperación y resiliencia cuando así lo establezcan las bases reguladoras, opción que nuestro ordenamiento jurídico ya contemplaba, pero en la que ha incidido el legislador para la ejecución ágil del plan puesto que puede ser una fórmula adecuada para promover la colaboración empresarial.
En este entorno colaborativo, cobra una especial importancia para una ejecución rápida y eficaz de los Nuevos Fondos el papel de las empresas y la banca, protegiendo a su vez el tejido productivo español ante la pandemia e impulsando la recuperación económica.
Esa recuperación va a tener necesariamente dos vectores, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia como primer riesgo para el crecimiento económico: el primer vector es la creciente necesidad de agilizar los procesos de vacunación, y el otro la inmediata puesta en marcha de los proyectos de inversión ligados al citado programa europeo, lo que permitiría una aceleración significativa de la recuperación en el segundo semestre de este mismo año y más acelerada en el próximo 2022.
Además de las empresas, mediante los PERTE, la banca debe jugar ese papel complementario pero clave para la recuperación, por el conocimiento y la experiencia que tiene ya en la gestión de otros fondos europeos (véase la PAC) o los fondos ICO, anticipando recursos económicos y cofinanciando e impulsando proyectos, dada su implantación territorial. La labor de canalización de los nuevos fondos será esencial para su agilización y su despliegue de la forma más rápida y eficaz.
Con el Gobierno a punto de presentar ya su plan a la Comisión Europea, urge la puesta en marcha de los mecanismos que ya tenemos en la legislación y que hemos visto, y a su vez, se agilicen por parte de las diferentes administraciones la puesta en marcha de los proyectos canalizando, si cabe, de forma anticipada su financiación. Las empresas y la banca tienen probados mecanismos de colaboración ágiles y seguros para ello. España necesita de forma urgente su despliegue para que el crecimiento económico despegue de forma definitiva.
