Opinión

¿Están siendo adecuadas las medidas de la Unión Europea para la lucha contra la piratería en Europa?

El día 1 de julio tuvo lugar en Zaragoza a través de la plataforma Zoom el debate que da lugar a este artículo y que tenía de moción: ¿Están siendo adecuadas las medidas para la lucha contra la piratería en Europa? En el debate participaron distintos estudiantes de la asociación de debate de la Universidad de Zaragoza, defendiendo posturas contrarias, a favor y en contra, de la efectividad que realmente estaba teniendo la Unión Europea en su lucha contra la piratería.

Para empezar, debemos definir qué entendemos por piratería. En el debate se la identificó como aquella práctica de descargar o distribuir contenido protegido por derechos de autor, digitalmente y sin permiso.

Es un problema muy patente actualmente que no solo afecta a las grandes empresas multimedia, sino a los creadores más pequeños y a los usuarios que se exponen a virus y a que sus datos sean robados. Solo en los primeros nueve meses del pasado 2021, las páginas web piratas recibieron 132.000 millones de visitas, con televisión, editorial, cine, música y "software" como los sectores más afectados.

Para paliar estas actividades, se han ido instaurando medidas por parte de la Unión Europea; sin embargo, ahora nos preguntamos si han sido suficientes y adecuadas.

El equipo a favor defiende que sí basando su línea argumental en tres pilares: en primer lugar, un pilar conceptual, centrándose en los datos de forma objetiva, así como en la generación de riqueza y trabajo que proporcionan las medidas tomadas por la UE.

Un segundo pilar es el que denominan "más vale prevenir que curar". Con esto, lo que intentan decir es que mediante labores de concienciación podemos garantizar seguir disfrutando de las obras protegidas. El 98% de la población es consciente de que el contenido pirata es en detrimento del artista y que, por tanto, está mal.

Por último, nos centramos en un pilar normativo, es decir, que la normativa existente en materia intelectual es suficiente.

La línea argumental del equipo en contra, por su parte, se basa en tres argumentos por los cuales niegan que las medidas tomadas por la Unión Europea son suficientes o adecuadas.

El primer argumento es de resultados, que viene a decir que una medida es adecuada si contribuye al resultado deseado, y las medidas tomadas no lo han hecho y, por tanto, no pueden ser consideradas adecuadas. La disminución de la piratería en los últimos años ha sido importante, pero está desligada de las actuaciones de la Unión Europea, ya que encuentran su explicación primordial en la disminución de los precios de las plataformas streaming que nada tiene que ver con la Unión Europea.

El segundo argumento se basa en la falta de voluntad de la Unión Europea de atajar el problema centrándose en la variable más importante que es la socioeconómica, imposibilitando el castigo de las plataformas que permiten tener contenido pirata en ellas.

Por último, el argumento de la educación, como se indica antes, el 98% de la población ya está concienciada por lo que la labor de concienciar de la Unión Europea es inútil pues la tarea la ya está completada y debería centrarse en enseñar a la población a cómo distinguir dicho contenido pirata del original.

No cabe duda de que ambas partes han tenido argumentos contundentes e interesantes que fomentan la creación de una conversación sobre este tema tan relevante. Es de vital importancia que la Unión Europea siga trabajando en estas medidas y mejore en su incorporación, y que la población participe activamente de modo que esta colaboración permita que cada día vayamos avanzando a un futuro en el que se respeten todos los derechos, y el de la propiedad intelectual sea uno de ellos.

Respect está financiado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y ejecutado por un consorcio entre SigmaLive (CY), la Organización Helénica de Derechos de Autor (HCO) (GR) y GeInnovacion (ES). Su misión es concienciar a los jóvenes sobre los peligros de la piratería informática, reducir el uso de fuentes de información digital ilegales y fomentar el uso de información legal.