MARTA FERNÁNDEZ, Diputada de VOX en las Cortes de Aragón.


Nuestro Grupo Parlamentario, Vox en las Cortes de Aragón, ha presentado una Proposición de Ley solicitando la Derogación de la Ley 4/2018 de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación, de la Comunidad Autónoma.

El extenso preámbulo de la ley, distribuido en cinco apartados, pone de manifiesto la alineación del texto con la ideología de género que asume de manera absoluta.

En el referido texto se expresa que la definición de sexo-género de una persona va mucho más allá de la apreciación visual de sus órganos genitales externos en el momento del nacimiento, y que no es un concepto puramente biológico sino, sobre todo, psicosocial.

En Vox consideramos que la ideología de género es un constructo doctrinal que parte de la base de que no hay hombres ni mujeres naturales, sino que somos construcciones sociales.

Es una ideología que pretende adoctrinar a la población en sus postulados y que se vale de una ingente cantidad de recursos públicos para lograr sus objetivos. Ahí está sin ir más lejos el Ministerio de Igualdad con sus 20.319 millones de euros para sustentar a políticos, grupos de presión afines y redes clientelares.

Se trata de una ideología sin ninguna base científica, de corte totalitario y que pretende acabar, en último término, con la familia.

La ley que VOX pretende derogar establece como objetivos, por una parte, reconocer el derecho a la libre manifestación de la identidad de género. Y por otra, erradicar toda forma de discriminación como consecuencia de dicha manifestación.

VOX entiende que estos objetivos ya están plenamente garantizados en la Constitución española como norma suprema de todo el ordenamiento jurídico español. De hecho, en su artículo 14 declara que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Con lo que, con la regulación dada en la Ley, se obtiene como resultado, establecer una serie de privilegios para unos colectivos determinados. La ley contempla, de facto, una serie de medidas en los ámbitos sanitarios, educativos, laboral, social, incluso en el ámbito familiar, que suponen una clara discriminación para el resto de los aragoneses.

Nuestro grupo parlamentario ya presentó una proposición no de Ley en la Comisión de Economía, y solicitamos derogar la Orden de Medidas en el ámbito laboral que suponían discriminación en cuanto a contratación administrativa, concesión de subvenciones y formación, y en la que se beneficia y prima una identidad u orientación sexual sobre otras. De esta forma, se dan privilegios a unos y se perjudica a otros al legislar sectariamente.

Existen ejemplos claros de los privilegios que ampara esta ley. Y son los que hemos visto en los Decretos del Gobierno de Aragón de Oferta de Empleo público para los procesos de estabilización de empleo temporal. En concreto, en el ámbito de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud se han reservado plazas de enfermero, facultativos especialistas, médico de familia, y médico de urgencia entre otros. En el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón, reservan puestos de servicios auxiliares. En el ámbito de la educación, se reservan puestos a docentes no universitarios.

Y esto genera una discriminación que no entendemos en VOX. Porque cuando acudimos a urgencias queremos que nos atiendan profesionales preparados, los mejor preparados. Porque nuestra vida está sus manos, y es indiferente, o debería serlo, cuál es su opción sexual, política o religiosa.

Lo mismo en el ámbito educativo. Deben acceder a los puestos los mejores, los más preparados, con independencia de cuestiones que quedan reservadas a la esfera de su intimidad.

La Ley que pretendemos derogar supone legislar a favor de unos u otros colectivos determinados. Y no deja de ser una forma de particularismo, fruto de ideologías aduladoras de determinados colectivos a los que se pretende rentabilizar electoralmente.

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