A la espera de conocer más detalles en sede parlamentaria, desde VOX queremos manifestar nuestra preocupación tras conocer el Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2021.
La conclusión que más repercusión ha tenido en prensa es la relativa a los incumplimientos de legalidad, muy relevantes, detectados en la contratación pública, que revela un gasto de 255 millones de euros comprometido sin seguir los procedimientos.
Es decir, el Gobierno se ha saltado a la torera la legislación sobre contratación pública, vulnerando los principios de publicidad y concurrencia de las licitaciones y de transparencia. Hechos que calificamos de muy graves.
La ley de contratos del sector público tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.
Y en segundo lugar, y no menos importante, tiene como objeto asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria, control del gasto y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. Tal y como señala el Artículo 1º de la Ley.
En VOX consideremos muy grave que el Gobierno de Aragón no cumpla la ley en materia tan relevante como es la contratación pública, ya que ello tiene como consecuencia que no queda garantizado que los servicios públicos que recibe el ciudadano sean los mejores ni los más eficientes. Con lo que se demuestra una vez más su falta de planificación y la falta de rigor presupuestario, como venimos denunciando a lo largo de toda la legislatura.
Del gasto de 255 millones detectado sin seguir los procedimientos, 191 millones corresponden a la compra de suministros sanitarios realizada directamente por los centros hospitalarios sin expediente de contratación, que suponen el 42% del total facturado.
Por otra parte, también se pone el foco sobre incumplimientos de legalidad, en cuanto a la contratación pública se refiere, en la Consejería de Educación, la Consejería de Vertebración Territorial o el Instituto Aragonés de Servicios Sociales por 64 millones de euros restantes sin haber tramitado expedientes de contratación y, en su práctica totalidad, sin haber formalizado un contrato.
El Gobierno de Aragón trató de esquivar la vigilancia de los interventores, de una manera un tanto burda, ya que convalidaban a posteriori los gastos con acuerdos extraordinarios del Ejecutivo, herramienta utilizada hasta en 171 ocasiones según los auditores. Algo que, advierten estos, «no subsana las irregularidades de los contratos y la falta de previsión y planificación de las necesidades a cubrir con la contratación, salvo en contadas excepciones».
Ahora bien, los incumplimientos en el área de contratación púbica no son nuevos, los auditores de la cámara de cuentas los vienen detectando en numerosos informes, tanto de la cuenta general de la comunidad como en entidades públicas que fiscaliza. Quizá menos vistosos que en esta ocasión, pero a nuestro parecer, igual de importantes. No podemos olvidar que se trata de recursos públicos y que debemos exigir el máximo respeto a la legalidad y la máxima transparencia.
Nuestro grupo parlamentario viene denunciando el descontrol en el gasto público desde el principio, y también hemos reclamado la necesidad de reforzar el área de contratación pública para evitar que Aragón protagonice titulares tan deshonrosos como los que ha dado pie este informe.
Pero hay otras conclusiones que también son muy relevantes en el Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma del ejercicio 2021 y que no han tenido tanta repercusión en los medios. Por ejemplo, que la tasa media de temporalidad es del 48,6% y que NO se debe a situaciones coyunturales. O que sólo el 2% de las obligaciones reconocidas se destina a inversión, 149 millones respecto a los 6.986 millones de gasto ejecutado. O un incremento del endeudamiento en 306 millones de euros, a pesar de contar en el ejercicio 2021 con ingresos de 402 millones de euros en transferencias extraordinarias del Estado. O que la deuda de la Comunidad alcanza los 9.060 millones al cierre del ejercicio 2021, que como ya hemos denunciado en más de una ocasión se ha multiplicado por 10 en las dos últimas décadas.
Y que, en cuanto a la gestión de fondos Next Generation UE, se cifra en tan solo el 20% su nivel de ejecución en el año 2021 (102 millones de los 505 disponibles), y aunque los remanentes se incorporaron al presupuesto de 2022, ya hemos evidenciado que la carga de gestión adicional se ha traducido en una decepcionante ejecución, a la vista de los datos provisionales de los que disponemos.
O también que el gasto en transferencias y subvenciones asciende a 2.117 millones, y representa el 30% del gasto total. Y que también se advierte falta de transparencia en una partida tan significativa, algo que consideramos muy grave. En este sentido desde nuestro grupo parlamentario planteamos una enmienda al proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio 2023 en la que reclamábamos “una evaluación de la estrategia y procedimientos de las subvenciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, al objeto de evaluar la planificación estratégica y el procedimiento de control del gasto público en las subvenciones”.
Y, finalmente, también señala el informe que el Remanente de Tesorería es negativo. Los auditores lo ajustan por encima de los 500 millones, lo que significa que Aragón sufrirá tensiones de tesorería a corto plazo y apunta la necesidad de adoptar medidas: o bien reducir gastos, opción que descartan como si de la peste se tratara; o bien aumentar los ingresos ordinarios, exigiendo por tanto más esfuerzo fiscal a las familias y PYMES en un momento tan complicado; o incrementar el endeudamiento, fórmula a la que tienen especial devoción.
A la espera de conocer las explicaciones del Gobierno, desde VOX denunciamos un más de lo mismo por parte del cuatripartito: una gestión más que cuestionable, basada en la cultura del déficit, con incumplimientos de legalidad muy relevantes en contratación pública, con falta de transparencia en la política de subvenciones, y una inoperancia absoluta en la ejecución de fondos europeos.
