Siempre hemos defendido desde el colectivo taurino que la propia tauromaquia no entiende de ideologías políticas. Pero cuando las propias políticas son las que inciden en la supervivencia de la tauromaquia y de todos sus profesionales, no queda otra que hacer política.
Profesionales taurinos y escuelas taurinas llevamos tiempo reclamando el derecho propio y legítimo a entrenar en la Plaza de Toros de Zaragoza, propiedad de la Diputación Provincial. Órgano administrativo que no solo no apoya a los profesionales, sino que nos perjudica; ni se nos tiene en consideración en pliegos, a quienes se nos considera profesionales de segunda, ni mucho menos se piensa en fomentar y apoyar la actividad taurina, de las que sí acepta 500.000 euros anuales por arrendamiento de la plaza de toros, para ayudar al futuro de nuestra tierra. Para apoyar a escuelas taurinas que sobreviven por el apoyo privado.
En ocasiones, ante el atropello, callamos; no me equivoco si digo que cualquiera de mis compañeros o directores de escuelas taurinas apelan al diálogo y al entendimiento. Pero, ni con temple, nunca mejor dicho, ni dando los tiempos, incluso de los que no disponemos, se llevan a cabo las propuestas planteadas al órgano rector de la Administración provincial. “Los estudiaremos”, “no es el momento” o “hay otras necesidades antes”, palabras, que se las lleva el viento.
Sé y me consta que, para acceder al presidente de dicho órgano, casi hay que pedir audiencia, llevamos años reclamando poder entrenar en la Plaza de Toros de Zaragoza, como han hecho quienes en Aragón nos han dejado un gran legado taurino, siempre hay filtros, siempre hay buenas intenciones, siempre se estudiará el asunto, pero aquí seguimos.
Todos, y me atribuyo la desfachatez de representar a todos los profesionales, somos conscientes de que los tiempos han cambiado y que los procesos administrativos para la concesión de cualquier espacio público ha de estar registrada y sumirse a requisitos, de los que por supuesto no rehuimos; es más, aceptamos y apoyamos, si algo queremos es demostrar que entre el sector y la Administración Pública puede haber entendimiento jurídico.
En la provincia de Zaragoza, más del 50% de municipios celebran festejos taurinos, y sin ellos no se entenderían las fiestas de cada pueblo. En todos ellos, los tradicionales festejos populares dejan un impacto económico de más de 12 millones de euros y dinamizan el mundo rural. Más de 300.000 zaragozanos conviven con las diferentes modalidades de la tauromaquia, y entre ellos hay alcaldes de todos los colores, que apoyan sin tapujos esta actividad y a sus profesionales. ¿Cómo podemos disponer de pabellones municipales, plazas de toros de otros municipios gobernados por el mismo color que quien gobierna en la Diputación Provincial de Zaragoza, y en su plaza de toros no? Pues ellos nos deberán dar la respuesta.
Es triste que uno tenga que exponerse de esta manera pública, con las posibles consecuencias que a título personal uno puede tener, pero más triste es tener que callar ante la injusticia de no concedérsenos a escuelas taurinas y profesionales el derecho propio y legítimo de entrenar en una plaza que sí deja importantes remanentes económicos en las arcas de la misma Administración a la que se lo solicitamos.
Espero que esta carta abierta se tome, no como un ataque, sino como una defensa de nuestros intereses. Si algo me ha quedado claro es que, cuando hay voluntad política, las cosas se resuelven pronto. Hasta que ese día llegue, seguiremos entrenando por parques y jardines, protegiendo a quienes empiezan de indocumentados que, como a un alumno de Mar de Nubes, le propinaron varios puñetazos por el mero hecho de portar un capote y una muleta.
