Opinión

In Memoriam

Durante más de una década nuestro Tribunal Constitucional (TC) ha permanecido silente frente al recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 2/2010 o “Aído” de plazos, para la interrupción voluntaria del embarazo, dando licencia de muerte a miles de seres humanos en gestación, mientras se aguardaba la sentencia.

Durante más de una década nuestro Tribunal Constitucional (TC) ha permanecido silente frente al recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 2/2010 o “Aído” de plazos, para la interrupción voluntaria del embarazo, dando licencia de muerte a miles de seres humanos en gestación, mientras se aguardaba la sentencia. Recientemente, tras esta agónica espera, dicho Tribunal falló a favor del aborto durante las catorce primeras semanas, eso sí, con barra libre y sin mover una sola coma de la aludida ley.

Ante esta luctuosa realidad, en primer lugar, quisiera rendir homenaje a todas las inermes criaturas abortadas víctimas de su propia inocencia, cuyo único “delito” fue haber sido concebidos mediante el concurso de un hombre y una mujer. Eran seres humanos cuyos corazones latían con fuerza y sus pies pateaban alrededor del seno materno reclamando la atención de sus madres, quienes un día, amparadas por el contenido execrable de la referida ley, decidieron prescindir de ellos. Han sido tristemente privados de la vida arbitrariamente en el frío cómputo de un plazo, lo que ha sido, es y será despojarles del resto de sus derechos fundamentales a los que nunca podrán acceder.

El TC, politizado y sesgado, excediéndose en sus propias funciones, con el aborto ha “creado” un derecho ex novo (no prescrito en nuestra Constitución ni en Declaraciones y Convenios de referencia) reconociendo la autodeterminación de la mujer gestante a su integridad física en conexión con su derecho a la dignidad y libre desarrollo de su personalidad, con autonomía para continuar o no con su gestación. Usar eufemismos no mitiga el drama: interrumpir el embarazo es matar deliberadamente un feto humano.

La construcción jurídica de la sentencia del TC ostenta graves connotaciones ideológicas, las cuales se alejan bastante del rigor argumentístico y del depósito jurisprudencial en orden a las normativas ad hoc. No obstante, hablar de “bloque progresista” y “bloque conservador” dentro de un Alto Tribunal de Garantías como lo es aquel, no es que sea algo repugnante, pues lo es, lo impúdico es que denota la prostitución más absoluta de la separación de poderes, vital para un Estado Democrático y de Derecho.

Con esta sentencia, irónica y transgresora, se quedan desprotegidos los más débiles ante la ávida conquista progresista y populista de derechos infames, primando el bienestar de la madre frente al bienestar del hijo, contraviniendo a su vez la doctrina consolidada del TC desde 1985. Otrora, la STC 53/1985, consideraba “que el nasciturus por su condición de ser vivo humano y distinto, es un bien jurídico que merece protección, de modo que la vida del nasciturus (…) es un bien jurídico constitucionalmente protegido por el artículo15 de nuestra norma fundamental”.

Por tanto, la credibilidad del TC esta desvanecida al querer imponer al Estado un compromiso que no figura en nuestra Carta Magna. Así las cosas, el TC se ha plegado a las insidias de un gobierno incapaz de velar por la maternidad y por la familia, quizá por ser estos unos conceptos que escapen a una recta formación ética y moral acerca de la vida. Es más, hasta nuestros días ni el Tribunal de Estrasburgo ni otro Tribunal Internacional han osado a proponer que el aborto sea un derecho de la mujer, lo que no obsta para que pueda haber situaciones dolorosas en las que por circunstancias muy excepcionales haya que provocar un aborto, en cuyo caso nunca debiera ser considerado como norma general, pero sí restringidamente exento como delito.

Gracias a los avances científicos y tecnológicos actuales, ¿quién puede negar que un bebé de catorce semanas, y hasta de veintidós, no es un ser vivo humano? Con todo, la madre gestante no puede disponer de la vida de su criatura como si se tratase de un derecho de propiedad, privando además la titularidad paterna, como si fuera un objeto de tráfico mercantil y no como un sujeto de derechos.

Cuando las sociedades se inclinan más hacia la muerte que hacia la vida, no existe progreso sino una mutilación vil de las conciencias. Cambiemos la percepción material de la vida, no cosifiquemos al ser humano, porque de otra forma nuestros hijos serán nuestros jueces, y me temo que serán implacables.