FRAN LUCAS HERRERO. Peregrino aragonés. @esmicaminodesantiago


Hace 316 años de ello, un aciago 29 de junio de 1707, Felipe V de Borbón impuso de forma despótica, arbitraria y dictatorial al Reino de Aragón y territorios integrantes de la Corona de Aragón (Valencia, Mallorca y Cataluña) lo que fue llamado los Decretos de Nueva Planta, que en la práctica realidad eliminaba de forma radical todas las instituciones, derechos, cargos y Fueros de Aragón que tanto habían representado para nuestra tierra, pasando a ser Aragón simplemente una provincia más de la absolutista monarquía regida por las leyes de Castilla.

Todo ello formaba parte de una premeditada venganza de Felipe V y su infame caterva de consejeros extranjeros en los que se apoyaba el Borbón, porque por extranjeros estuvo dirigida desde la sombra nuestro territorio en aquel periodo, deseosos todos ellos de someter y exprimir a España, aparte de como castigo por haberse alineado la Corona de Aragón con el archiduque Carlos, de los Austrias, en la Guerra de Sucesión Española (1701-1713) contra los borbones, y al resto de territorios hispanos una advertencia para demostrar quién mandaba en el país.

Y con esta despótica y absolutista tiranía se dio por finalizada la forma de gobierno de una “monarquía federal o compuesta” que había sido imperante en España, aparte de que nuestra nación, tras la firma que puso fin a la guerra, el Tratado de Utrecht, donde varios países europeos afilaron sus garras contra nosotros, perdió las últimas posesiones europeas que le quedaban, así como otros territorios, entre ellos Gibraltar, que a día de hoy y sin derecho alguno legal aún siguen colonizando los británicos a su forma.

En escueto resumen, se implantó el absolutismo y las cortes de los distintos territorios fueron disueltas, ya que el Decreto de Nueva Planta declaraba “abolidos y derogados todos los fueros, privilegios, instituciones político-administrativas, práctica y costumbre hasta aquí observados en los referidos reinos de Aragón y Valencia, siendo mi voluntad que estos se reduzcan a las leyes de Castilla, y al uso, práctica y forma de gobierno que se tiene y ha tenido en ella, y en sus tribunales sin diferencia alguna en nada, porque con esta disposición se logra el importante fin de la uniformidad que tanto deseo haya entre mis vasallos…” O lo que traducido a un idioma más claro simplemente dice que “por mi real gana todos en el mismo redil sin distinciones ni privilegios que me perjudiquen, porque aquí mando yo, el rey, y punto”, aunque intentó justificarse sobre la base de tres argumentos como eran la ruptura del juramento de fidelidad hecho al rey, el dominio absoluto del que gozaba el rey en todos los reinos y estados de su Monarquía, y su derecho de conquista que le permitía imponer su ley en los territorios vencidos que se habían rebelado en su contra…

Asimismo, entre otras muchas lacerantes e indignas disposiciones, se modificaron los mecanismos de elección de los gobiernos municipales, adaptándolos a las normas de Castilla, y asimismo los municipios importantes pasaron a ser regidos por un corregidor, y los cabildos locales por un regidor, que en Aragón pasaron a ser cargos hereditarios, por lo que, a finales del siglo XVIII casi todos los cargos estaban ocupados por miembros de la nobleza; es decir, la misma corrupción de siempre de los poderosos contra el pueblo llano.

Puede decirse que en nuestra nación la llegada de los Borbones el poder supuso un radical cambio en la concepción real, porque desde que los Reyes Católicos firmaran el segundo Tratado de los Toros de Guisando, se había establecido que los distintos reinos hispanos unificarían sus territorios in persona regis”, manteniendo cada uno de ellos, por un sistema llamémosle federal, sus Fueros, leyes, particularidades jurídicas y de gobierno, las cuales fueron eliminadas por Felipe V tras su victoria estableciendo un modelo centralista y absolutista en detrimento del pueblo, excepto para el Reino de Navarra, el Señorío de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, que mantuvieron algunos de sus fueros, privilegios e instituciones propias al haberse mantenido fieles a la causa borbónica, y que a día de hoy siguen disfrutando, pero eso por cierto es otra historia que mejor dejar ahí, aunque a día de hoy siguen valiéndose de ello mientras a nosotros se nos abolió y nunca fue restaurado…

De esta forma desapareció el Reino de Aragón, sus atribuciones y sus derechos legítimos, asumiendo el rey y el Consejo de Castilla, bajo la nueva reorganización interna, todas las tareas de gobierno que hasta entonces habían disfrutado los diversos territorios hispanos, salvo esos lugares que ya he citado. Así, todo quedó reducido a la aplicación de un solo derecho común castellano para todos los súbditos, con la consiguiente anulación de usos, costumbres y derechos particulares siempre que entrasen en conflicto con la legislación común y el derecho procesal unificado, salvo por supuesto para aquellas provincias que tuvieron premio por haberle apoyado.

Triste, muy triste aquel día que el absolutismo real eliminó de golpe todos aquellos Fueros, privilegios y disposiciones que tanto nos había costado conseguir, pero lo más importante, que eran nuestros, de Aragón…

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