El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha pedido al Gobierno de la ciudad que presente “de forma urgente” un informe que refleje una previsión “realista” del impacto económico que puede representar para el Consistorio las reclamaciones patrimoniales pendientes de resolución judicial. La moción, presentada por Ciudadanos, ha contado con el respaldo de toda la oposición y el rechazo de Zaragoza en Común.
La portavoz municipal de Ciudadanos, Sara Fernández, considera “imperativo” que, a dos meses de las elecciones, se conozca la situación real, y el “lastre” que puede suponer para las inversiones de la capital aragonesa. Hace ahora cuatro años, ha recordado Fernández, podía leerse en el programa electoral de Zaragoza en Común que “lo primero que harían al llegar al Ayuntamiento” sería una Auditoría ciudadana que ponga de manifiesto la situación real del municipio desde un punto de vista económico y financiero. Por ello, cree que es “razonable” que el Gobierno facilite a la ciudadanía “ese conocimiento en el momento actual”.
El consejero municipal de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, ha reconocido las “serias dificultades económicas” del Ayuntamiento, si bien ha hecho hincapié en que es una situación “que viene desde hace muchos años” y ha subrayado que ahora estas dificultades son “mucho menores que cuando llegó ZeC al Gobierno”. Rivarés ha culpado a los gobiernos socialistas anteriores de la situación arrastrada hasta la actualidad. El consejero ha recordado que ya se han pagado 105 millones de euros en sentencias, 34 millones de intereses.
La concejal del Partido Popular María Navarro ha recordado que la deuda y las sentencias judiciales son “los dos grandes problemas que lleva cuatro años arrastrando este Ayuntamiento”. La edil del PP ha hecho hincapié en que es un problema “de los gobiernos de izquierdas”. “Es un problema objetivo que hay que afrontar con un plan”, ha manifestado Navarro. Algo, ha agregado, “que no ha sabido hacer ni ZeC, ni el PSOE”.
La socialista Marta Aparicio cree que “lo primero que hay que hacer” es reconocer que hay sentencias que se pierden, pero que la obligación del Ayuntamiento “debe ser luchar por los intereses generales de la ciudad y de sus ciudadanos” y que, si eso significa “litigar hasta el final”, ha insistido Aparicio, entonces “debe hacerse”. Aún con todo, la socialista ha pedido “un plan” porque “no hay que esconderse” y las sentencias, ha apuntado Aparicio, “pueden condenarnos a millones de euros”.
Para el portavoz municipal de Chunta Aragonesista, Carmelo Asensio, las sentencias pendientes son “una auténtica losa” porque dejan un futuro “nada halagüeño”. Las sentencias, ha apuntado el edil “lastran la tesorería del Ayuntamiento y hay que planificar cómo hacerles frente”. Y es que las últimas sentencias de FCC “son solo la punta del iceberg”. “Nadie nos quita que vamos a tener que pagar unas sentencias millonarias a FCC”, aunque sea una empresa que, según ha reconocido, “deja mucho que desear”.
