La Cámara de Cuentas de Aragón ha hecho público este jueves el Informe de fiscalización del Ayuntamiento de Zaragoza, ejercicios 2016 y 2017, y ha detectado “omisiones, errores e incorrecciones” de las cuentas anuales y “circunstancias significativas a tener en cuenta”.
En concreto, los auditores de la Cámara indican la falta de un inventario completo y debidamente valorado de los bienes y derechos de los que es titular el Ayuntamiento lo que impide conocer su valoración exacta.
Otro tipo de salvedades se refieren a “incorrecciones” identificadas por la Cámara que dan lugar a ajustes en los estados contables. Entre ellas, el informe señala la sobrevaloración de las participaciones del Ayuntamiento en sus sociedades mercantiles.
En unos casos, la contabilidad refleja participaciones que ya no existen, como es el caso de Plaza, por siete millones, o Sermuza, por 60.000 euros y, en otros, cantidades que no se corresponden con el valor de las participaciones por haberse devaluado. Según la Cámara, el importe de estos deterioros ascendería a más de 20 millones de euros para los dos ejercicios auditados.
Además, en el caso de la participación del Ayuntamiento en Zaragoza en la sociedad Alta Velocidad, los auditores echan en falta una provisión para riesgos y gastos de 21,6 millones en 2016 y 8,7 millones en 2017 para hacer frente a sus responsabilidades como accionista, dada la negativa situación económica-patrimonial de la sociedad.
También señalan que, de mantenerse esta situación, será difícil que el Ayuntamiento recupere tanto el dinero prestado a la sociedad como el que ya está comprometido, en total y desde el año 2012, más de 100 millones de euros, de los cuales, 81,6 millones aún están pendientes de aportar.
Otra “incorrección importante” identificada por la Cámara es la falta de información en la Memoria sobre las reclamaciones de los contribuyentes exigiendo la devolución de las cantidades ingresadas en ejercicios anteriores por liquidaciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos (plusvalía) y sobre las sentencias en las que el Ayuntamiento ha sido condenado a pagar y otros litigios pendientes de resolver.
Además de la falta de información en la Memoria, las cuentas anuales no incluyen ninguna provisión para hacer frente a estas contingencias.
Por un lado, la Cámara calcula entre 43 y 73 millones de euros la provisión para hacer frente a las reclamaciones y recursos contra las liquidaciones del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) en los dos ejercicios auditados. Por otro lado, para hacer frente a las sentencias judiciales condenatorias, los auditores han estimado una provisión necesaria de 46 millones para 2016 y 57 millones para 2017, con intereses de demora de 8,3 y 10,6 millones de euros, respectivamente.
Otro dato constatado por los auditores se refiere a los gastos pendientes de aplicar al presupuesto por bienes o servicios efectivamente recibidos, que ascendieron, como mínimo, en 2016 a 93,7 millones de euros y en 2017 a 45 millones.
Por otro lado, en la contabilidad no aparecen debidamente registrados los aplazamientos y fraccionamientos de deudas concedidos por el Ayuntamiento a los contribuyentes y que ascienden, al menos, a 15,8 millones en 2016 y 16,4 millones en 2017.
Además, según la Cámara de Cuentas, las deudas de terceros con el Ayuntamiento que se consideran incobrables sumarían 71 y 54 millones de euros más de lo computado por el consistorio en 2016 y 2017, respectivamente. Como consecuencia de estas salvedades, la Cámara de Cuentas realiza un ajuste al remanente de tesorería del Ayuntamiento reduciéndolo en 87 millones en 2016 y en 70 millones en 2017.
Otra incorrección financiera señalada por los auditores se refiere a la falta de reconocimiento en las cuentas de los activos asociados a contratos de concesión de obra pública y de gestión de servicios, como pueden ser los autobuses, los camiones de la basura, la infraestructura del tranvía, etc.
El montante total de estos activos sumaría, en opinión de la Cámara de Cuentas, 458 millones de euros con una deuda asociada pendiente de cancelar de 220,8 millones en 2016 y de 210 millones en 2017.
Respecto a la auditoria de legalidad, además de la falta de un inventario adecuado señalada también como salvedad financiera, entre los incumplimientos de la normativa advertidos por la Cámara, es destacable que el Ayuntamiento pagó obras, servicios y suministros sin tramitar expedientes de contratación ni reconocer extrajudicialmente las obligaciones, por importe de casi 35 millones de euros sumando los dos ejercicios auditados.
Asimismo, el Ayuntamiento utilizó el reconocimiento extrajudicial de crédito para reconocer gastos por importe de 75 millones de euros, el 93% referido a obligaciones generadas sin contrato. Este procedimiento es un instrumento de carácter excepcional para el reconocimiento de obligaciones de ejercicios anteriores que no fueron tramitadas por falta de consignación presupuestaria u otras irregularidades.
En lo que respecta a los contratos menores, en el informe de la Cámara de Cuentas se detecta riesgo de fraccionamientos por un total de 3 millones de euros sumando los dos ejercicios auditados. Un tercio de todos los contratos de obra del Ayuntamiento se adjudicaron como contratos menores.
En el año 2016, el Ayuntamiento de Zaragoza superó el periodo medio de pago a proveedores, establecido en 30 días. En el cómputo anual de 2017, el consistorio cumplió esta obligación legal.
El Informe de fiscalización de Ayuntamiento de Zaragoza correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017 ya ha sido remitido a la entidad fiscalizada y a las Cortes para su análisis por la ponencia designada a estos efectos, que permitirá a los diputados conocer su detalle.
