El Ayuntamiento de Zaragoza detectó el pasado mes de mayo de 2019 un fraude en las tarjetas del transporte público. Desde entonces se han registrado un total de 23.066 dispositivos fraudulentos, de las 541.591 tarjetas bus que hay en uso por la ciudad, que han causado una estafa valorada en 17.000 euros desde que se conociera el timo. Así lo ha dado a conocer la consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, en la Comisión del ramo celebrada este miércoles.
La empresa concesionaria de la explotación del transporte público, Avanza, desarrolló un sistema de control continuo a través del cual un algoritmo detecta si la tarjeta es fraudulenta. De esta forma, el sistema permite validar un viaje (valorado en 0,74 céntimos entonces), pero ya no se puede volver a utilizar “porque el sistema automáticamente las quema, dejándolas invalidadas para que no se puedan volver a utilizar”, ha concretado Chueca.
Concretamente, de las 23.066 tarjetas fraudulentas, 18.600 han quedado bloqueadas por la propia validadora, que detectó la recarga fraudulenta, y las restantes 5.213 fueron pilladas por los inspectores y revisores. En circulación actualmente hay 541.591 tarjetas, una cifra lo suficientemente elevada como para sustituir los dispositivos. Eso sí, la responsable municipal de Servicios Públicos y Movilidad, ha avanzado que se está valorando si se podría cambiar el sistema, pero, en cualquier caso, “sería en las nuevas tarjetas que se vayan produciendo”, ha apuntado.
Del mismo modo, Chueca ha explicado que los propios técnicos informáticos que controlan este algoritmo “reconocen que no hay ningún sistema exento de ser hackeado”. Hay sistemas de mayor nivel de seguridad, ha reconocido la consejera, “pero la diferencia es que unos cuestan diez minutos de hackear y otros una hora, pero el que se lo propone, lo consigue”, ha lamentado.
Estas 23.000 tarjetas, multiplicadas por los 0,74 céntimos de estafa que permite cada dispositivo, hace un total de 17.000 euros timados. “No es un fraude muy elevado, pero como fraude que es, hay que limitarlo”, ha subrayado la consejera. Los hechos se pusieron en su día en conocimiento de la Policía por parte de Avanza, de la Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías y del propio Consistorio, y, de hecho, ya hay dos sentencias en las que se ha reconocido el uso fraudulento y se ha sancionado a las personas identificadas como autoras del delito, ha explicado Chueca.
En concreto, estas dos sentencias, ha añadido, reconocen la importancia de la casuística, de forma que el fraude no se considera de 0,74 céntimos, “sino como la acción fraudulenta de hackeo, lo que hace que se condene con hasta quince días de cárcel y multas de 180 euros”. Condenas, dice Chueca, “que tendrán un aspecto disuasorio”.
