El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado este viernes el acuerdo con 286 medidas económicas y sociales para reactivar los distintos sectores de la ciudad. Entre estas propuestas, destaca la de no subir los impuestos a los zaragozanos, reactivar el comercio de proximidad y la hostelería, y dedicar el remanente a las necesidades que decidan las entidades.
El dictamen ha salido adelante pese a la autoexclusión de Vox, que se levantó de las reuniones de la Comisión por el Futuro de Zaragoza tras conocer que PSOE y Podemos habían llegado a un acuerdo a nivel nacional. También se ha abstenido ZeC, que ha calificado el documento como un “brindis al sol”.
En total se presentaron hasta 693 medidas, propuestas no solo por las agrupaciones políticas, sino también por 110 de las 166 entidades consultadas, de las que 30 fueron invitadas a participar en la mesa de forma presencial. Entre ellas, Ebrópolis, las asociaciones de barrios de Zaragoza y la Unión Vecinal Cesaraugusta, así como UGT, CCOO, CEOE y Cepyme.
El dinero destinado a esta reactivación económica y social de Zaragoza tras la crisis sanitaria del Covid-19 estará relacionado con los fondos que lleguen del Gobierno de España, de la Unión Europea y del Gobierno de Aragón.
Azcón quiere que se ponga en marcha cuanto antes
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha agradecido a todos el compromiso y el trabajo desarrollado para sacar adelante este acuerdo, aunque ha reconocido que le hubiera gustado que saliera por unanimidad.
“Queremos que Zaragoza supere las adversidades y se convierta en un lugar seguro en el futuro, que los políticos aparquemos la acritud y nos centremos en arrimar el hombro para salir de una crisis sin precedentes”, ha subrayado en su intervención.
Azcón ha recalcado que espera que las medidas estén en marcha antes de que acabe el estado de alarma. “Vivimos tiempos extremadamente difíciles y nos queda un largo camino para salir adelante, por eso Zaragoza y sus vecinos necesitan el esfuerzo de todos”, ha señalado.
La vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, ha subrayado que la ciudadanía pide consensos y ha señalado que con este documento por el futuro es la hora de demostrar que son capaces de reactivar la ciudad.
El PSOE pide una mesa de seguimiento del pacto
La portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha votado a favor del acuerdo, al que ha calificado como “pacto de mínimos”, porque “las prioridades han cambiado y ahora toca, por encima de todo, estar con las personas”.
Eso sí, ha puntualizado que “no es un cheque en blanco” al Gobierno de Zaragoza y ha pedido una mesa de seguimiento, con todos los grupos municipales que han colaborado, para que se reúna periódicamente.
“Tenemos la responsabilidad de que se cumpla este documento y el Gobierno de Zaragoza tiene la obligación de atraer recursos a la ciudad para que se ponga en marcha mañana”, ha sostenido y ha destacado que es un pacto “por los ciudadanos y por el tercer sector como la hostelería y los comerciantes, para que nadie se quede atrás”.
El portavoz de Vox, Julio Calvo, ha subrayado que las propuestas son bastante moderadas, pero ha explicado que los motivos por los que abandonó la Comisión obedecen al “acuerdo secreto” que PSOE y Podemos estaban llevando a cabo con Bildu, “que es Herri Batasuna con otro nombre”.
“El pacto secreto afectaba a la legislación laboral de este país, precisamente en el momento más oportuno”, ha señalado y ha recordado que hasta el propio PSOE está dividido al respecto.
Desde el Gobierno de Zaragoza, presidido por la coalición entre Partido Popular y Ciudadanos, han sostenido que este pacto por la ciudad “estará siempre abierto a que cualquier grupo político pueda sumarse”.
El portavoz de Zaragoza en Común, Pedro Santisteve, ha justificado su abstención a que estas medidas son un “brindis al sol” y ha añadido que estas propuestas deberían haber ido mucho más allá”. Santisteve ha recalcado que las entidades sociales saben que su grupo municipal estará “pendiente” y “vigilante” para que se cumplan.
El portavoz de Podemos-Equo, Fernando Rivarés, ha subrayado que apoyan el acuerdo con PP, PSOE y Cs “por responsabilidad hacia la sociedad civil”, pese a que consideran que “no es el mejor”.
