Zaragoza en Común ha manifestado su satisfacción con la resolución de El Justicia de Aragón en relación a la línea 900, dictamen que refrenda que los servicios de información, valoración, diagnóstico y orientación son servicios públicos y deben ser de gestión directa, lo que significa que no pueden ser externalizados y, por tanto, deben ser prestados por los trabajadores públicos. “Estamos muy satisfechos con esta resolución, porque refrenda la importancia de la gestión directa de este servicio público”, ha apuntado Broto. La concejala de Zaragoza en Común ha vuelto a pedir la retirada de esta línea, al entender que es contraria a la legalidad”, ha expresado.
La formación solicitó, ya en mayo del año pasado, la retirada de la línea 900 por funcionar como un filtro “inadmisible” en el acceso de la ciudadanía a los servicios sociales y romper la equidad a la hora de hacer uso de estos. Para Broto, los servicios sociales “deben garantizarse desde lo público” por lo que el Ayuntamiento “debe poner fin a esta externalización y privatización de la tarea de primera información y valoración”.
La formación ha apuntado que, en este mismo sentido han venido manifestándose colegios profesionales, entidades y redes de apoyo vecinales, consejos de salud, sindicatos y las y los profesionales que desde hace aproximadamente dos meses se concentran en los plenos y comisiones. En la actualidad, estas manifestaciones se producen dos días a la semana de manera rotatoria en los diferentes centros de servicios sociales pidiendo su retirada.