El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado la fiscalización de la sociedad de Zaragoza Vivienda ante el Tribunal de Cuentas tras las “graves irregularidades” detectadas por diferentes informes en los últimos años. La petición fue registrada el pasado 11 de junio, días antes de que la consejera de Hacienda, María Navarro, anunciaba que la sociedad municipal se había comenzado a clasificar en el sector de las administraciones públicas al no haber cumplido con la normativa.
En concreto, Zaragoza Vivienda no alcanzaba la conocida como “regla del 50%”, por la que los ingresos de mercado deben ser superiores al 50% de los costes de producción para que la Intervención General del Estado no pase a considerar a la sociedad en el sector de administración pública. Así, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Julio Calvo, ha señalado que este porcentaje solo se alcanzaba en Zaragoza Vivienda mediante una “ficción contable”, en la que se contabilizaba como ingresos de mercado las subvenciones municipales al alquiler.
Calvo se ha referido también a la forma en la que el Ayuntamiento de Zaragoza anunció este lunes la noticia, lamentando que pareciera que les pillara “por sorpresa”. “La Cámara de cuentas ya avisó en su último informe que esto podía pasar”, ha explicado, confiado en que la fiscalización de Zaragoza Vivienda pueda servir para “depurar responsabilidades”.
Para el concejal de Vox, la situación actual y el cambio de consideración de Zaragoza Vivienda por parte de la Intervención General del Estado tendrá un “impacto directo en el cálculo del déficit” del Ayuntamiento, ya que la sociedad municipal arrastrará a las cuentas públicas la importante deuda que acumula.
Incumplimientos graves en todos los contratos analizados
Desde Vox se ha recordado cómo la Cámara de Cuentas, en sus informes de los ejercicios 2017 y 2018, señaló “incumplimientos graves” de la normativa en cada uno de los seis contratos analizados. Errores que van desde la contratación hasta incumplimientos en materia de personal o la existencia de duplicidades en la gestión.
Como ejemplo, la concejal de Vox Carmen Rouco ha señalado incumplimientos en la tramitación de expedientes con “graves faltas de documentación” como la falta de memoria de ejecución o la ausencia de tarifas representativas de costes.
También entre sus trabajadores, donde la concejal ha lamentado la alta tasa de temporalidad (en 2018 rozaba la mitad de los trabajadores) o la existencia de 23 trabajadores que ocupan puestos fuera del organigrama oficial, de 79 empleados.