El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Ayuntamiento de Zaragoza por la reversión del edificio de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar y condena al Gobierno de Aragón a abonar al Consistorio 4.202.155 euros como compensación económica. La causa continúa y la sentencia explica que ante la imposibilidad material de que se pueda llevar a efecto la devolución, se compense al Ayuntamiento con esta cantidad.
Los terrenos fueron cedidos por el Ayuntamiento de Zaragoza al Estado en 1956 y en 1986 para la construcción de los Juzgados y la posterior ampliación del edificio. Años mas tarde, con el traspaso en 2007 de las competencias de Justicia al Gobierno de Aragón, el Estado cedió los terrenos a la Diputación General de Aragón y, cuando el edificio dejó de ser sede de los juzgados de Zaragoza, se produjo la desafectación dado que habían dejado de destinarse al fin que justificó la cesión.
El origen del litigio se produce cuando, el 12 de febrero de 2016, el Ayuntamiento de Zaragoza requiere del Gobierno de Aragón la reversión del edificio de los antiguos juzgados, y la Diputación General argumenta que habían transcurrido mas de cinco años desde que en 2010 se produjera la desafectación de su uso y se hiciera publica por lo que la reversión ha prescrito.
Esta alegación del Gobierno de Aragón es rechazada por el tribunal que afirma que “no consta en autos referencia cronológica exacta de este concreto hecho y la más concreta que consta es la orden de desafectación que es de 12 de marzo de 2014. Como quiera que el primer requerimiento de reversión por parte del Ayuntamiento tuvo lugar en fecha de 12 de febrero de 2016, es claro que no ha transcurrido para entonces el plazo de prescripción de cuatro años de la acción que ejercita la Administración municipal demandante”.
En relación con las pretensiones del Ayuntamiento, el tribunal entiende que “sería posible la reversión si no se fuera imposible la separación de los terrenos cedidos con sus accesiones en relación con los edificios”. Por ello, concluyen los magistrados que no es posible la reversión material porque lo que se debería revertir es solo lo efectivamente cedido, y empleado en el fin que justificó la segunda cesión.
En este sentido aclaran que respecto de la primera cesión en 1956 ya han trascurrido mas de 30 años por lo que el Ayuntamiento no tiene ningún derecho de reversión y respecto del suelo de la segunda cesión, lo que procede es una compensación económica, al no ser posible tampoco la reversión material. Ante esto, el presidente del Gobierno autonómico, Javier Lambán, ha afirmado este miércoles que ya conocen la sentencia y que, "como siempre, somos fieles cumplidores de las decisiones de los tribunales".
La DGA estudia recurrir
El Gobierno de Aragón ha anunciado que está valorando la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, para lo que hay un plazo de 30 días hábiles.
En un comunicado resaltan que la sentencia “da parcialmente la razón al Gobierno de Aragón al acordar el TSJA que no procede la devolución del inmueble anexo a la plaza del Pilar (devolución por la que el Ayuntamiento solicitaba una compensación de 14,1 millones de euros y que el Tribunal rechaza)”.
En cuanto a la condena, han apuntado que discrepan de la valoración que se hace de la indemnización sustitutoria por no devolver el terreno correspondiente a la ampliación (valoración fijada en 4,2 millones de euros, frente a los 5,1 millones que solicitaba el Ayuntamiento).
“La indemnización impuesta incluye el valor de la edificación, que fue sufragada por el Gobierno de Aragón. Esto daría lugar a que el Ayuntamiento cobrase el valor de un edificio que no construyó, lo que constituiría un enriquecimiento injusto, y a su vez implicaría que el Ejecutivo autonómico deba pagar dos veces por una misma obra.”, concluyen.
Azcón pide llegar a un acuerdo en la forma de pago
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, considera esta indemnización una buena noticia para el Ayuntamiento, pero ha puntualizado que todavía cabe la posibilidad de que el Gobierno de Aragón recurra.
Por eso, Azcón se ha mostrado conciliador y ha propuesto al presidente de Aragón, Javier Lambán, que no interponga un recurso de casación para poder llegar a un acuerdo en la forma de pago de la indemnización.
Azcón considera que recurso no tendrá recorrido y que una vez que haya sentencia firme el Gobierno de Aragón tendrá que pagar toda la cantidad estipulada.
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