En caso de que se acepte la alegación del Real Zaragoza, Serrano ha garantizado que apenas supondría un retraso de unos 15 días

“En ningún caso el suelo dejará de perder la titularidad municipal. En ningún caso sería una privatización del campo”. Así de contundente se ha mostrado el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, tras conocer las opiniones de PSOE y Podemos a las alegaciones del Real Zaragoza al Plan Romareda. En ellas, el club pidió cambiar la fórmula en la que se adjudicará el estadio, asegurando que requerirá un plazo de cesión de hasta 75 años para que sea rentable, con un máximo permitido de hasta 99 años.

De cualquier forma, Serrano ha insistido en que esa modificación a una cesión de derecho de superficie, que ya están estudiando los técnicos, jamás supondría que el Ayuntamiento perdiera el carácter público ni el control sobre la explotación del campo. “Lo que tendría la consideración de equipamiento privado sería la propia construcción. El Ayuntamiento no perdería en ningún caso las facultades de policía, sino que va a conservar la posibilidad de que la ciudad pueda hacer determinados eventos y controlar el buen desarrollo y la licitación del campo”, ha aclarado el responsable de Urbanismo.

En caso de que se acepte la alegación del Real Zaragoza, Serrano ha garantizado que apenas supondría un retraso de unos 15 días, ya que la modificación del Plan General debería volver a salir a información pública. Se espera que su aprobación definitiva pueda llegar al Pleno de enero, aunque sin cerrar la puerta a que se lleve a cabo en febrero o, incluso, en una sesión extraordinaria. “Vamos a intentar llegar a enero, pero puede ser febrero. Hablamos de algo de suficiente importancia como para que, si hay que hacer alguna Comisión de Urbanismo o Pleno extraordinario, lo haremos”, ha afirmado.

Además, el consejero de Urbanismo ha cuestionado una doble vara de medir a la hora de plantear las dudas sobre la colaboración público-privada según el color del Gobierno que la implante. “No puede ser que lo que el Ayuntamiento hace con colaboración público-privada sea privatización, y lo que hacen otras administraciones sea una fórmula maravillosa para sacar adelante una ampliación de Plaza o suelos en la Universidad Laboral. No puede ser que la residencia de la avenida Pirineos sea un proyecto en colaboración público-privada y Pontoneros una privatización”, ha mantenido.

EL COMPROMISO CON LA CIUDAD DEL DEPORTE SIGUE “INALTERADO”

Por otro lado, Serrano ha querido dejar claro que su compromiso con Podemos para proyectar una Ciudad del Deporte “permanece inalterado”, calificándolo incluso como una “obligación de este Gobierno”. De hecho, ha defendido que su construcción solo será posible si un inversor privado se hace cargo de financiar el nuevo estadio, que ha cifrado en 130 millones. “Si no permitimos que sea un inversor privado quien lo construya, a esos 130 millones habrá que sumarle la inversión en la Ciudad del Deporte con cargo al bolsillo de los zaragozanos”, ha advertido.

LA ALEGACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

Sobre las alegaciones del Gobierno de Aragón, el responsable de Urbanismo ha rechazado que ese suelo tenga algún valor patrimonial ni económico, como dejó entrever este miércoles el presidente, Javier Lambán, ni aprovechamientos lucrativos. “Económicamente no tiene ningún valor, porque todos los valores económicos de aquella reparcelación se puso donde se podían construir edificios. No hay ningún patrimonio que defender. En todo caso, habría una obligación de mantenimiento si el Ayuntamiento calculara cuánto tiempo lleva urbanizándola”, ha señalado.

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