Pérez Anadón ofrece al Ayuntamiento que se quede con Embarcadero a cambio de VPO en otras zonas

Una de las principales alegaciones de los vecinos era que usaban ese terreno como aparcamiento
photo_camera Una de las principales alegaciones de los vecinos era que usaban ese terreno como aparcamiento

Nuevos pasos en el conflicto abierto entre DGA y Ayuntamiento de Zaragoza por la calle Embarcadero. El consejero autonómico de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, ha remitido una carta al responsable municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ofreciéndole que “se queden” con el terreno, propiedad del Gobierno, para decidir “con total autonomía” su uso, a cambio de unas permutas de suelo en otras zonas de la capital aragonesa.

Ambas instituciones firmaron en marzo de 2020 un acuerdo sobre varias actuaciones urbanísticas en la ciudad, que incluía un plan de la DGA para levantar en estos suelos del barrio de Casablanca un total de 111 viviendas libres. Así fue ratificado en la Bilateral de noviembre de 2021, la última en celebrarse, pero, según Pérez Anadón, el expediente ha quedado paralizado y apenas se ha avanzado en este tiempo, lo que llevó al Ejecutivo a trasladar el asunto a los tribunales.

Una de las principales alegaciones de los vecinos era que usaban ese terreno como aparcamiento. Por ello, Pérez Anadón ofrece al Consistorio quedarse con la titularidad de este espacio, de 16.000 metros cuadrados, para que “tome la decisión que crea conveniente en favor de los vecinos”, a cambio de ceder al Ejecutivo suelos en otros barrios de Zaragoza para construir VPO. Serían, por un lado, los de la antigua Alumalsa, junto al centro deportivo Pepe Garcés, con capacidad para 106 viviendas; o, por otro, en Picarral, Las Fuentes, Arcosur y/o Vadorrey, con posibilidad de otras 120 viviendas.

PLAZO DE DIEZ DÍAS

De esta forma, el consejero de Hacienda quiere tender la mano para solventar conflictos abiertos entre ambas instituciones, y confía en una respuesta rápida, en un plazo de diez días, sobre las posibilidades de llevar a cabo esa permuta. “Estamos predispuestos para que en el menor tiempo posible los suelos de la calle Embarcadero pueda disponerlos el Ayuntamiento para atender las prioridades de los vecinos”, ha señalado, fijando la segunda quincena de marzo como fecha límite en la que poder llegar a acuerdos por la premura de las elecciones.

Con esta permuta, el Ejecutivo autonómico quiere “posibilitar la construcción de viviendas públicas y de alquiler asequible” para jóvenes, uno de los sectores “más castigados por las dos últimas grandes crisis”, la de 2008 y la sanitaria. Además, ofrece la mediación de un “tasador independiente” del Ministerio de Hacienda para que fije el valor de los suelos y “ponga punto y final a cualquier discrepancia”, ha zanjado Pérez Anadón.

RESPUESTA DE URBANISMO

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha reconocido que, aunque todavía no ha tenido oportunidad de leer detenidamente esa carta, sí mostrará su disposición y tenderá su mano a Pérez Anadón para llegar a un acuerdo. En cualquier caso, ha querido dejar claro que fue el consejero de Hacienda quien en su momento "destruyó con una decisión unilateral" las negociaciones entre Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza por la calle Embarcadero.

De igual forma, pese a su intención de volver a negociar de manera conjunta, Serrano ha especificado que dicha negociación no será compatible con que el Gobierno de Aragón llevé finalmente este asunto a los tribunales. "La tradición histórica de este Ayuntamiento es que aquellas cuestiones en las que haya discrepancia y haya que solucionar cuestiones técnicas se llevan a la Comisión Bilateral. Aquí ni siquiera había discrepancia, había un acuerdo cerrado en el que solo quedaba por estudiar la repercusión fiscal. Es incompatible absolutamente, no hay precedente de judicializar algo que a la vez se está debatiendo en la comisión técnica", ha recriminado.

Por último, respecto a la posible petición de una tasación independiente de los suelos, el concejal de Urbanismo ha incidido en que estos ya fueron calculados por los técnicos municipales por un valor de 11,2 millones de euros. En este sentido, pese a que Serrano entiende la legitimidad de esta petición de Pérez Anadón, no comparte que "cuando ya existía un acuerdo sobre ello" este tema vuelva a ponerse sobre la mesa.