El Gobierno de Aragón ha presentado dos nuevas alegaciones a la modificación del Plan General para incorporar 20.500 metros cuadrados a la parcela de La Romareda y poder adjudicar el estadio al Real Zaragoza durante un plazo de 75 años. El Ejecutivo considera que supone un cambio de carácter “sustancial” y que debe ser aprobado por el Consejo Provincial de Urbanismo. Además, avisa de que no puede iniciar nuevas modificaciones hasta que no presente el texto refundido del PGOU que este mismo organismo le solicitó en septiembre.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, quien ha querido dejar claro que estas alegaciones “no bloquean ni impiden” que se apruebe la modificación ni entra en el fondo, pero ha advertido de que un tribunal podría tumbar la operación y anular “otra vez” la reforma de La Romareda. “El Ayuntamiento está a tiempo de rectificar, hacer las cosas respetando a la ley y aprobar la modificación del PGOU con el contenido que pretende, a lo que no entramos”, ha afirmado.
La primera alegación trata sobre el órgano competente para aprobar esa modificación, si es el Pleno del Ayuntamiento o el Consejo Provincial de Urbanismo, en el que forman parte distintos departamentos del Gobierno de Aragón, el propio Consistorio y otras instituciones como municipios, comarcas, diputaciones provinciales, la CHE, empresarios o sindicatos. La ley permite que el Ayuntamiento de Zaragoza pueda aprobar ellos mismos las modificaciones, siempre que sean de menor entidad y no cambios “sustanciales”, como el que, a juicio de Soro, se está aprobando en este caso, ya que pasa un equipamiento público a privado.
Con la modificación presentada, el suelo de La Romareda pasará de ser demanial, destinados a servicio público, a ser bien patrimonial, regido por el derecho privado y susceptible de ser vendido, embargado, hipotecado o alquilado, y dejando de ser un espacio destinado al uso y servicio público. “Esto no retrasa nada. Simplemente deberá remitir el expediente al Consejo Provincial para que lo apruebe él, ya que solo puede denegarlo por motivos de legalidad”, ha sostenido el consejero autonómico.
Este paso sería similar al que en 2003 paralizó el traslado del estadio a Valdespartera, impulsado por el popular José Atarés. En aquel caso, se buscaba derribar La Romareda para construir pisos de lujo con la que financiar el nuevo campo. La modificación del Plan General llegó a aprobarse en el Ayuntamiento, pero, debido a la proximidad de aquellas elecciones, se paralizó el proceso en el entonces denominado Comisión de Ordenación del Territorio de Aragón (COTA). Juan Alberto Belloch, tras ser elegido alcalde, ordenó que se retirara el trámite para reformar La Romareda en su mismo emplazamiento.
REQUERIMIENTO DE UN TEXTO REFUNDIDO
La segunda alegación también supone, según el Ejecutivo, una “ilegalidad fácilmente subsanable”. Este mismo Consejo Provincial pidió al Ayuntamiento el 23 de septiembre que presentara un texto refundido para agrupar las 157 modificaciones que lleva aprobadas desde 2008, y, hasta que no lo haga, no puede iniciar nuevas modificaciones. “No hay un texto oficial que incorpore de forma sistemática lo que está en vigor. Esto produce una preocupante seguridad jurídica”, ha afirmado Soro.
Tras estas declaraciones, el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha asegurado que “no hay un instrumento legal” que impida a la ciudad hacer modificaciones del PGOU. Sin embargo, el artículo 88 de la Ley de Urbanismo de Aragón mantiene que “no se admitirán a trámite modificaciones de planeamiento (…) en tanto no se presente dicho documento”, en referencia al texto refundido que se solicitó el 23 de septiembre.
No obstante, el consejero ha querido desligar la petición de este texto refundido a una intención de retrasar la Operación Romareda, recordando que se solicitó antes de que se iniciara la modificación del PGOU e, incluso, tres meses antes de que el Real Zaragoza pidiera la ampliación del plazo a 75 años. “Han pasado cinco meses desde el primer requerimiento. Es lógico pensar que estarán manos a la obra y estará prácticamente terminado. Es tan sencillo como que el Ayuntamiento presente el texto refundido y ya no habrá ningún problema legal”, ha explicado Soro.
De hecho, según el responsable de Vertebración del Territorio, no es necesario ni que el Consejo Provincial apruebe ese texto refundido, sino que “basta el acto formal de presentarlo”. “Queremos que el Ayuntamiento no se arriesgue a aprobar una modificación que sea anulada por los tribunales. No son palos en la rueda, solo avisamos con tiempo suficiente de lo que hay que hacer para que las ruedas giren, sin entrar ni en el fondo ni en el contenido, que no nos compete”, ha afirmado, reiterando que su deseo es evitar que La Romareda vuelva a acabar en el juzgado.
