Tras un largo cruce de acusaciones y después de meses con el debate sobre la mesa, finalmente el Pleno de Zaragoza ha rechazado poner en marcha una Comisión Especial de Investigación que aclare las "supuestas irregularidades" en la adjudicación de hasta siete quioscos de la capital aragonesa. Dicha comisión había sido solicitada ya en septiembre por Zaragoza en Común. Esta buscaba sacar a la luz si había existido o no un presunto trato de favor respecto al empresario Juan Forcén.
Pese a que hace unos meses este asunto contó con el apoyo de todos los grupos de la izquierda, es decir, ZeC, Podemos y PSOE. También con el de Vox. Sin embargo, este viernes la formación liderada por Julio Calvo ha cambiado de postura. "Hemos reconsiderado nuestra posición y vamos a votar que no. Hemos conocido informes que pueden indicarnos que se puede tratar de un mero error formal. Además, nos hemos enterado de que se está investigando en un juzgado de lo contencioso administrativo, por lo que nos mantendremos al margen. Pretender montar esta comisión a tres meses de las elecciones es montar un circo en periodo electoral", ha expuesto Calvo.
Este hecho ha propiciado la izquierda haya acusado a Vox de un "posible acuerdo" con el Partido Popular para cambiar de opinión. "Negarse a aclarar las cosas es tener miedo a que salga la verdad. Los más interesados en sacar adelante esta comisión y aclarar todo deberían ser los concejales del Partido Popular. ¿Por qué se niegan a investigar? ¿Qué tienen que ocultar?", ha recriminado el portavoz de Podemos, Fernando Rivarés.
Por su parte, desde el grupo municipal socialista, Horacio Royo ha insistido en que este asunto no trata de un "mero error formal". En este sentido, ha afirmado que el informe por el cual se solicitaba esta investigación cuenta con "dos falsedades objetivas". "La primera es que este informe del 11 de julio decía que el proyecto cumplía con los requisitos. Esto es imposible porque el informe se presentó un día después, pero vamos a suponer que efectivamente fuese un error de transcripción en la fecha. No puede ser tampoco, porque el informe dice que han satisfecho todas las tasas y estas se pagaron el día 14 de julio, es decir, días después", ha criticado.
EL GOBIERNO DEFIENDE SU POSTURA
El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha defendido que este asunto ya fue aclarado en la primera petición realizada el pasado mes de septiembre. Además, ha querido recordar que nadie se opuso cuando se votó en comisión dicha adjudicación y que, de hecho, "el PSOE pidió que se acelerara el derribo de los quioscos porque llegaba el verano".
De igual forma, también ha querido aclarar que "no hay un juzgado contencioso de lo administrativo investigando esta cuestión". Por el contrario, ha especificado Serrano, "hay un juzgado de lo contencioso administrativo que a petición del Gobierno de Aragón que le ha dicho que el Ayuntamiento de Zaragoza no ha remitido una documentación nos ha pedido dichos expedientes".
JUNTA DE PORTAVOCES URGENTE
Pese a que la moción no ha salido adelante, la portavoz socialista, Lola Ranera, no ha querido cerrar este asunto sin antes solicitar una Junta de Portavoces urgente por haberse "pervertido" el acuerdo de esta misma y el reglamento orgánico. Sin embargo, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha apuntado que, según el reglamento, esta debe convocarse con al menos con 24 horas de antelación y, por lo tanto, no debía interrumpirse la celebración del pleno por ello.
