El grupo municipal de Zaragoza en Común ha alertado esta mañana de las “graves consecuencias” de la deficiente gestión financiera llevada a cabo por el Partido Popular en el Patronato de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza. Una situación que ya ha sido ratificada por la Cámara de Cuentas de Aragón. La concejala de Zaragoza en Común, Luisa Broto, ha señalado que su formación ya interpuso una denuncia en septiembre de 2022 en relación a las ayudas de la escuela privada-concertada «en las que constatamos que un tercio de las mismas, unos 170.000 euros, estaban sin justificar».
Ante esta situación la Cámara de Cuentas plantea una regularización urgente porque «no se acreditan en las subvenciones la comprobación de los requisitos de los solicitantes», ha explicado Broto. Este organismo ha señalado que en el ejercicio 20-21 se han producido incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión de fondos públicos. En total se concedieron 1.451 ayudas de las cuales 458 estaban sin justificar, lo que supone 170.846,85 euros de los 500.000 euros concedidos.
Las consecuencias de esta gestión “pueden ser gravísimas”, puesto que la propia Cámara alerta de que “el Patronato debe iniciar los correspondientes expedientes de reintegro cuando no se justifica la subvención o se detectan errores en el pago de las ayudas”.
Asimismo, el candidato de ZeC para las próximas elecciones, Suso Domínguez, ha destacado que el informe de la Cámara también indica otras irregularidades, como la existencia de casi un millón de euros sin ejecutar y más de un millón de euros en servicios sin contrato. Domínguez también ha señalado que a la hora de justificar el gasto de las ayudas, fueron los propios colegios quienes acreditaron, en muchos casos, un “bono de actividad” y un “certificado de asistencia” para recibir la subvención, sin diferenciar los costes de cada una de las actividades. “No parece realista que niños que tienen diferentes edades, que son de diferentes cursos y que, evidentemente, van a tener diferentes necesidades, acrediten un bono de actividad indiferenciado, genérico, que no se sabe muy bien a qué va y que tiene una cuantía económica idéntica para todos ellos», cuenta Domínguez.
En el informe de la Cámara de Cuentas también se señala que, respecto a la convocatoria de ayudas para el alumnado de centros escolares concertados, “no se acredita en el expediente la comprobación de los requisitos de los solicitantes”, “no consta en el expediente el informe de fiscalización previa relativo a la concesión de las ayudas”, “existen diferencias no justificadas en los importes de las resoluciones, obligaciones reconocidas y pagos realizados por las ayudas”, “no se han podido comprobar la totalidad de los justificantes de pago a los beneficiarios y diversa documentación justificativa de estos no está completa”, y no se han tramitado “expedientes de reintegro por la falta de justificación de las ayudas”.
Por todo ello, Zec exige que se regularice de manera clara, aunque creen que «no debe repercutir en ningún caso a las familias», ha señalado Domínguez. Además, el candidato de la formación ha advertido que «es curioso que haya un mecanismo tan laxo que contrasta totalmente con el mecanismo que se utiliza para la gestión de las ayudas de urgencia que van dirigidas a los mismos conceptos para los alumnos de la educación pública», donde las familias tienen que justificar la necesidad de la ayuda, que se cumplen los requisitos para acceder a la misma y no se concede hasta que la actividad ha sido ejecutada y debidamente justificada. Así, en ZeC consideran que «el Patronato de Educación y Bibliotecas está siendo utilizado por el Partido Popular como una gatera por la que introducir medidas partidistas completamente ideológicas de manera laxa, sin ningún tipo de control ni de supervisión tanto de los grupos políticos como de la intervención municipal».
Por último, la formación ha recordado que estas ayudas están recurridas en los tribunales por otras formaciones políticas, sindicatos y Fapar, ya que supone una vulneración del derecho de igualdad entre los alumnos de la concertada y la pública.