La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado que si gana las elecciones del 28-M transformará el edificio okupado de la antigua cárcel de Torrero en un centro de mayores. También se compromete a crear una oficina técnica municipal para la lucha contra la okupación ilegal que refuerce la labor que ya se está haciendo desde el Consistorio y que colabore con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la detección de casos.
El objetivo, según Chueca, es seguir avanzando en la protección de los vecinos afectados por la okupación: “Queremos ir más allá del convenio que ya tenemos y, por eso, crearemos una oficina técnica municipal para la lucha contra la okupación ilegal, y, a la vez, vamos a seguir encabezando el endurecimiento de las leyes que acaben con la okupación ilegal de inmediato, dando instrumentos a los jueces, fuerzas de seguridad y ayuntamientos para desalojar a quienes cometan estos delitos”.
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“Si cuento con la confianza de los zaragozanos para ser alcaldesa, trabajaré junto con otros alcaldes y alcaldesas de España para que una futura reforma de la Ley de Vivienda, impulsada por un Gobierno de Feijoó, contemple que los ayuntamientos podamos ser parte en los procesos judiciales de desahucio por okupación ilegal cuando los ocupantes ilegales alteren gravemente la convivencia de nuestros vecinos”, ha adelantado.
En este sentido, Chueca ha avanzado uno de los proyectos que formarán parte del programa electoral, la adecuación de la antigua cárcel de Torrero, edifico actualmente okupado, en un centro de mayores para el barrio de Torrero.
EN CUANTO ARRANQUE LA CORPORACIÓN, CHUECA TRABAJARÁ EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO
“En cuanto arranque esta corporación, vamos a empezar a trabajar en la redacción de un proyecto para convertir la planta baja de la antigua cárcel de Torrero en un centro de mayores que también acoja el Centro Municipal de Servicios Sociales”.
La candidata popular ha recordado que, “al igual que esta legislatura ha sido la del Centro de Mayores del Luis Buñuel y del Centro de Mayores de Universidad, queremos que la próxima legislatura sea la del Centro de Mayores de Torrero. Vamos a empezar a trabajar en el proyecto, vamos a presupuestarlo y procederemos a desalojar este equipamiento okupado para ponerlo a disposición de las personas mayores del barrio de Torrero”.
El Partido Popular defiende la idea de que la okupación ilegal es un “grave problema” para los municipios, pero, sobre todo, es “un problema para los legítimos propietarios de los bienes y para los vecinos que la sufren en forma de delincuencia, suciedad o problemas de convivencia”.
Lamentablemente, ha recordado Chueca, no todos los partidos políticos perciben del mismo modo la okupación ilegal. “Hay partidos políticos como el PSOE, Podemos o los socios de Pedro Sánchez en el Congreso que aplauden la okupación. En lugar de habilitar instrumentos legales para reducirla, hacen lo contrario. En lugar de ayudar a buscar una solución, contribuye a agrandarla generando más problemas de los propietarios y a los vecinos afectados”.
“En el Partido Popular nunca estaremos del lado de los okupas. Estaremos del lado de quienes ven limitados sus derechos y quienes sufren la ocupación, al igual que ya hemos hecho durante los últimos cuatro años” ha explicado Natalia Chueca.
El PP ha recordado que, a pesar del estrecho margen de actuación que tienen los ayuntamientos en materia de okupación de viviendas, en la que sólo pueden intervenir cuando la edificación amenaza ruina, cuenta con incidencias estructurales o supone un grave peligro para los ciudadanos, el actual Gobierno de Zaragoza ha intervenido en Compromiso de Caspe, en dos edificios de la calle Pignatelli en el Casco Histórico, en la calle Cerezo, en la calle Agustina de Aragón, en la Plaza Mayor de Julisbol o en la Calle Estación, en el Barrio de Jesús.
Pero también se ha procedido a la compra y expropiación de edificios que potencialmente pueden generar problemas con el objetivo de desarrollar viviendas de alquiler asequible que contribuyan a revitalizar el barrio. Y se ha reforzado la presencia policial y la instalación de cámaras de videovigilancia que han contribuido a reducir los problemas.
A todas estas iniciativas se ha sumado un acuerdo con el Colegio de Abogados para la asesoría gratuita a las familias afectadas por la okupación ilegal gracias al cual, hasta el pasado mes de enero, fueron atendidos 264 asuntos en sus primeros dos años de andadura.