Zaragoza prorrogará los descuentos del 50% en el transporte público de la ciudad hasta finales de año. Lo ha anunciado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que ha conocido de primera mano las instalaciones de las cocheras del tranvía de Valdespartera. Allí, Chueca ha podido comprobar cómo funciona el “cerebro” que gestiona este transporte y ha visitado la zona de talleres.
La medida, ha explicado, supondrá a las arcas municipales otros 7,5 millones de euros de aquí a diciembre. De esta forma, el Ayuntamiento destinará 15,2 millones de euros extraordinarios en 2023 a facilitar el acceso al transporte público de las familias zaragozanas a través de estas bonificaciones.
“Creemos que es una medida necesaria para poder terminar de consolidar la recuperación de los usuarios que nos faltaban, sobre todo, en el autobús”, ha señalado.
Eso sí, Chueca ha criticado que el Gobierno central no está pagando correctamente el 30% de su parte correspondiente de estas bonificaciones. “Es como si nos invitan a cenar y cuando toca pagar tenemos que hacernos cargo de una parte o incluso pagar más porque el otro no pone su parte”, ha lamentado.
El tranvía de Zaragoza ha recuperado finalmente las cifras de usuarios que tenía de antes de la pandemia. Sin embargo, en el del autobús todavía hay 25.000 diarios menos.
RECURSO POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO BILATERAL
El Gobierno de Zaragoza ha acordado interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra el Gobierno de Aragón por incumplir las condiciones pactadas sobre el Convenio Bilateral Económico-Financiero suscrito entre las dos administraciones.
El pasado mes de marzo, el Ayuntamiento de Zaragoza ya envió un requerimiento al Gobierno de Aragón reclamándo su incumplimiento en 2021. Ahora, pasado el plazo de tres meses, sin que se haya procedido a su liquidación, el Gobierno de la ciudad acuerda la interposición de un recurso judicial con el objetivo de que se proceda a una liquidación complementaria de 5,6 millones de euros correspondientes a ese ejercicio en concepto de competencias impropias.
Y es que, el convenio contemplaba la transferencia de un fondo incondicionado de 20 millones de euros al año en el que no estaban incluidas las competencias impropias que, en 2021, supusieron 5,6 millones de euros.
En este sentido, el Gobierno de la ciudad ya presentó un recurso judicial, que ha sido admitido a trámite, por el mismo motivo respecto al año 2022 por valor de casi seis millones de euros por lo que la reclamación total de los años 2021 y 2022 asciende a 11,6 millones de euros.