Vox pedirá en una moción del Ayuntamiento de Zaragoza modificar el convenio económico-financiero bilateral con el Gobierno de Aragón, establecido en la Ley de Capitalidad. Esto se debe, según su portavoz, Julio Calvo, a la “interpretación” que a su juicio ha hecho el Ejecutivo saliente de Javier Lambán sobre las competencias del consistorio.
Según Calvo, de los 20 millones “incondicionados” que debería haber recibido Zaragoza por su condición de capital, se han descontado hasta 11,5 por “la prestación de competencias asumidas mediante convenios, otras financiadas con fondos procedentes de subvenciones concedidas en concurrencia competitiva, así como en materia educativa, que deben regularse por un convenio específico, tal como establece la Ley de Capitalidad”.
Con esta moción, Vox pretende aclarar qué competencias deben ser incondicionadas para evitar que se descuenten estas cantidades. Es decir, en palabras de Calvo, corregir “aquellas que no está ejerciendo el Ayuntamiento cuando debería, por su condición de capital”. Por ello, y a la espera de que pueda cambiar la norma, ha pedido a la DGA que devuelva ese dinero.
SINTONÍA CON EL PP
El concejal de Vox ha resaltado que esta propuesta puede ser un punto de encuentro con el PP. Y es que Calvo ha recordado que la intención de Natalia Chueca era renegociar la ley, posiblemente en septiembre, y no descarta que sea ser uno de los puntos que estén sobre la mesa en las negociaciones con Jorge Azcón por el Pignatelli. “Posiblemente, no digo que no”, ha respondido sobre esta última cuestión, que en su opinión “no será un punto de fricción en esas conversaciones”.
Una vez se haya conformado el Ejecutivo autonómico, la moción establece asimismo instar a ese Gobierno a presentar un Proyecto de Ley para “flexibilizar” el texto de capitalidad y que facilite “la presentación de enmiendas presupuestarias por parte de los grupos de la oposición, en línea con la regulación de otras ciudades españolas.
Calvo también ha tenido palabras para La Romareda, protagonista este lunes de la Comisión de Urbanismo. A raíz de la denuncia de los pliegos al Tribunal de Contratos (Tapca) por parte de Podemos, ha calificado la paralización del proyecto como una “victoria pírrica de la izquierda”, pero que “no ha beneficiado a nadie”.