Con Tarazona, Los Fayos, Novallas y Torrellas volviendo a la normalidad, aunque todavía sin poder consumir agua, el Gobierno de Aragón va poniendo negro sobre blanco respecto a los costes de las primeras medidas contra el brote de gastroenteritis, causado por el protozoo del tipo Cryptosporidium. La cifra supera los 800.000 euros y es la suma de los análisis encargados por la DGA, el tratamiento biocida en el río Queiles y la desinfección de la red de consumo mediante luz ultravioleta por el Instituto Aragonés del Agua, más el resto de actuaciones de este organismo. Asimismo, la tubería para sortear el tramo contaminado del río se está tramitando por separado, según ha aclarado la vicepresidenta y consejera de Economía, Mar Vaquero.
Estas medidas han visto la luz mediante un decreto ley y tienen como objetivo “solucionar de forma definitiva la crisis sanitaria”. El siguiente paso, ha dicho Vaquero, será levantar las restricciones al consumo, si bien, como ha insistido el departamento de Sanidad los días previos a través de sus cauces oficiales, todavía no hay una fecha.
Desgranando las inversiones, los análisis del agua del Queiles, que se realizaron por separado de la Confederación Hidrográfica del Ebro, fueron encargados al laboratorio Ematsa, especializado en la detección del cryptosporidium en el agua, por valor de 22.293 euros. Paralelamente, el tratamiento biocida aplicado en el cauce y los cuatro municipios afectados mediante un producto higienizante ha costado más de 35.000 euros (35.342).
No obstante, la partida más importante la acapara el uso de radiación ultravioleta en las potabilizadoras, que requerirá de obras y se ha retrasado, ha dicho Mar Vaquero, hasta que se han obtenido los suministros. Asciende a casi 396.000 euros, de los 404.598 totales que ha tramitado el Instituto Aragonés del Agua gracias al convenio con los ayuntamientos afectados.