“La Memoria Democrática es la imagen del pasado construida públicamente” bajo esta premisa, Zaragoza en Común, a instancias del recurso presentado por la Fundación 14 de abril, defenderá una moción en el próximo Pleno municipal exigir la sustitución de los nombres de las calles Arzobispo Domenech, Gonzalo Calamita y Allué Salvador. Vías que, en marzo, el entonces Gobierno de ZeC, acordó denominar Lola de Ávila, Emilio Gastón y Martina Bescós. “Así se acordó, hasta el que el nuevo ejecutivo de Jorge Azcón, contraviniendo la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de Aragón, paralizó la situación”, ha reprochado el portavoz municipal de ZeC, Pedro Santisteve.
“Es importante que las nuevas generaciones sepan cómo eran personajes como el Arzobispo Domenech, que justificaba la violencia siempre y cuando fuera en beneficio del orden, la patria o la religión”, ha explicado Santisteve, quien cree que es algo “indescriptible en los tiempos que corren”. Por su parte, Fermín Calamita “se dedicó a delatar a profesores que habían jurado lealtad al régimen constitucional vigente, el de la II República, y fueron fusilados a su instancia”, ha lamentado.
Por su parte, Manuel Allué Salvador “fue falangista y presidente de la DPZ tras la sublevación militar del 36”. Santisteve ha hecho hincapié en su interés “de que la gente joven, en este resurgir de actos vandálicos vinculados a la ultra derecha, conozcan a estos personajes en las aulas” porque esta moción, ha agregado, “es un ejemplo de pedagogía social”.
“El ordenamiento jurídico aragonés está para cumplirlo y hacerlo cumplir”. Es la primera reflexión que ha puesto sobre la mesa el portavoz de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz. Y desde esta perspectiva, ha remarcado, “es inconcebible que el alcalde, y los partidos de las derechas que lo apoyan, avancen en el no cumplimiento de una ley que se va a desplegar en agosto en su máxima expresión con un régimen sancionador”.
Sanz considera que sería “una irresponsabilidad de gestión y política”, que el incumplimiento del ordenamiento jurídico aragonés suponga para la ciudad sanciones de corte económico, “que es lo que puede acabar pasando si Azcón y las derechas se empeñan en no cumplir la Ley de Memoria Histórica”, ha aclarado
Izquierda Unida, a través de la fundación del 14 de Abril peleará esta situación “en todos los frentes”. En el ámbito municipal, con la moción de ZeC; en el judicial, donde ya se ha presentado el Contencioso Administrativo para la retirada de las calles con nombres de personas franquistas; y también en el frente educativo, impulsando “una labor pedagógica y social”. “Ofrecemos todo nuestro compromiso para garantizar que nuestra sociedad camina bajo valores de verdad justicia y reparación, que son el funcionamiento básico para una sociedad sana”, ha ensalzado Sanz.
También la presidenta de la Plataforma de Asociaciones Memorialistas de Aragón, Anabel Lapuente, ha mostrado todo su apoyo a la iniciativa de ZeC y la Fundación 14 de Abril. “Es hora de quitar los nombres de asesinos, golpistas y gente que apoyó el golpe de estado de 1936”, ha manifestado Lapuente, quien ha insistido en la necesidad de que en España la democracia se base “en algo sano”, porque ahora, ha dicho, “está enferma porque se basa en fosas, cunetas y mentiras”.
“Está claro que los zaragozanos deben saber que hay una ley de obligado cumplimiento estatal y otra autonómica, que prevé en su régimen sancionador que si no se retira la nomenclatura y los monumentos a fascistas, no se recibirá ni un euro de subvención del Gobierno de Aragón”, ha reiterado Lapuente. “Que luego no digan que no hay dinero, porque muchas veces no llega por el no cumplimiento de las leyes”, ha sentenciado.
