El grupo municipal de Zaragoza en Común considera que los presupuestos de Acción Social son la confirmación de que el Ayuntamiento se enfrenta a la “legislatura de los recortes”. La concejal de ZeC, Luisa Broto, ha apuntado que hay una “total falta” de modelo de Derechos Sociales. “No hay ningún proyecto ni idea nueva y los pocos cambios que se observan tienen que ver con el recorte de partidas y un uso ideológico y clientelista de las subvenciones y convenios”, ha subrayado.
A su juicio, es un proyecto de presupuestos en el que parece que la crisis ha pasado y que no reconoce “que la pobreza y la precarización se han convertido en algo estructural en la ciudad y que es necesaria la apuesta en políticas públicas que luchen contra ellas”.
Para Broto, el supuesto incremento del 8%, “anunciado con gran aparato mediático, es totalmente tramposo” ya que se basa en el presupuesto inicial de 2018, “ni siquiera en el realmente ejecutado, que es muy superior”.
En un comunicado, han explicado que aunque el proyecto del PP-C’s cuenta con una previsión de ingresos mucho mayor, el proyecto de presupuestos elaborado por Zaragoza en Común para 2019, suponía casi 800.000 € más para Acción Social. (54.000.000€ frente a 54.700.000 euros).
El incremento en las partidas del Servicio de Ayuda a Domicilio y de Teleasistencia tiene que ver con los pliegos de Ayuda a Domicilio elaborados por Zaragoza en Común y con el proyecto de universalización de teleasistencia cuyos pliegos también elaboramos y que actualmente se encuentran en contratación.
La partida de ayudas de urgencia se encuentra claramente infradotadas ya que se han consignado 9.300.000 euros, cuando el gasto real en 2018 fue de 9.600.000 euros y en 2019 se observa un incremento cercano al 8% mucho más próxima a los 10.000.000 euros que se destinaban en el borrador de 2019 elaborado por Zaragoza en Común.
Además, a ZeC le preocupa “sobremanera” que esta partida se ha desdoblado en dos partidas diferentes y una de ellas de 5.100.000 euros pasa a considerarse como subvención, lo que en la práctica va a suponer que muchas personas no puedan acceder a estas ayudas por problemas administrativos y la importante burocracia en su tramitación por lo que nos tememos un colapso.
Para ZeC, es especialmente sangrante la desaparición de todos los convenios destinado a la inclusión sociolaboral de personas en situación de riesgo de exclusión (AREI, Mapiser, Tiebel, APIP, Atades) por una cuantía de más de 1.700.000 euros y que supone la desaparición de más de cien puestos de trabajo y más de 600 actuaciones en espacios públicos.
