Podemos-Equo ha denunciado que la capital aragonesa dejó de ingresar en 2018 un total de 3,85 millones de euros por el Impuesto de Bienes Inmueble (IBI) incobrado de la Iglesia católica y fundaciones. En concreto, fueron 1,6 millones por la Ley de Fundaciones y 2,26 millones directamente de la Iglesia, sin contar lugares de culto o templos, solo teniendo en cuenta residencias privadas, garajes, almacenes o locales alquilados que generan lucro. El portavoz municipal de la formación, Fernando Rivarés, pedirá en el próximo Pleno que se ponga fin a esta situación “anacrónica y medieval”.
Y es que, Podemos-Equo considera que “por el principio básico de igualad social y justicia”, todos los ciudadanos deberían pagar impuestos. “Creemos además, que debe ser según la capacidad de cada quien”, ha apuntado Rivarés, quien ha defendido que, a estas alturas de desarrollo social y democrático y en pleno siglo XXI, “no tienen sentido este tipo de privilegios que son un anacronismo desde cualquier punto de vista”.
Rivarés ha insistido en que “todos deberíamos pagar IBI y demás impuestos, porque lo hacen hasta los hospitales públicos”, mientras la Iglesia “se escaquea legalmente”, ha criticado. A modo de ejemplo, el concejal se ha referido al Colegio de Las Escolapias, situado en la calle del Coronel Valenzuela, “que no paga IBI, tiene tres locales alquilados por varios miles de euros y no paga el impuesto”. “Muchos de los locales exentos por ser de la Iglesia están alquilados y otros son viviendas habituales, por las que el resto de seres humanos pagamos impuestos”, ha subrayado.
Desde Podemos-Equo han querido dejar claro que su propuesta de obligar a la Iglesia y fundaciones a afrontar el IBI no afecta a los espacios de culto ni a los templos, sino a las propiedades inmobiliarias. “Son 299 locales de fundaciones y 506 propiedades de la Iglesia, sin contar templos ni lugares de culto, por los que dejan de pagar casi 2,5 millones de euros”, ha criticado el concejal.
Con esta moción que defenderán en el próximo Pleno municipal, Podemos-Equo quiere dar a conocer la situación, pedir que paguen estos impuestos por propiedad privada y lucro, y que el Ayuntamiento solicite al Gobierno de España la modificación de la ley anunciada para que esto cambie. “Queremos eliminar privilegios injustos de origen medieval y que sea una posición que se traslade a la federación aragonesa y española de municipios y provincias para que sea una postura colectiva de los ayuntamientos españoles y aragoneses”, ha argumentado.
Rivarés ha apelado al artículo 31 de la Constitución Española, en el que se establece que: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos”. “Por eso creemos que es injusta, anacrónica y medieval, porque esos 4,5 millones de euros no les vendrán nada mal a las arcas municipales para poder financiar políticas sociales”, ha argumentado Rivarés, quien ha concluido destacando que esta propuesta “no es ideológica”, sino que es “una posición al margen de izquierdas y derechas, porque es de igualdad y justicia social”.
