El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado solicitar la modificación de la ley para que los inmuebles reconocidos propiedad de la Iglesia Católica no adscritos al culto o que no estén al servicio del interés público o los derechos sociales comiencen a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Una moción que ha salido adelante con los votos favorables de Ciudadanos, Partido Socialista, Zaragoza en Común y Podemos-Equo. Solo El Partido Popular y Vox han rechazado la iniciativa.
El objetivo de esta moción, presentada por Podemos-Equo, es “eliminar los privilegios obsoletos”, tal y como ha defendido el portavoz municipal de la formación, Fernando Rivarés, quien ha argumentado que las arcas municipales dejaron de ingresar cerca de 2,3 millones de euros en 2018 en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles de las propiedades de la Iglesia Católica, a los que habría que sumar los más de 1,6 millones de las exenciones por la Ley de Fundaciones donde se encuentran la mayoría de los colegios católicos concertados que tampoco pagan 181.
Rivarés ha asegurado que esta situación supone “un anacronismo nunca revisado por los sucesivos gobiernos de España”, en virtud del cual la Iglesia Católica goza de un privilegio “que perjudica los intereses generales de la ciudad, provoca mermas en las arcas públicas y genera movimientos de capitales en B utilizando algunos de sus inmuebles en alquiler”.
El portavoz de Podemos-Equo ha considera que no pueden considerarse mecanismos de cooperación aquellos cuyo único fundamento es el privilegio frente a los demás en el pago de los impuestos “a los que todos los españoles tenemos el deber constitucional de cumplir sin excepción alguna”.
“Este privilegio viene rompiendo el principio de igualdad recogido claramente en nuestra Constitución”, ha sentenciado Rivarés, quien ha recordado que ahora el Gobierno de España ha abierto la posibilidad de esto cambio, por lo que sería “muy útil” para su aplicación práctica que los ayuntamientos españoles “expresáramos los impuestos incobrados en este concepto para conocer la suma total en España de este privilegio del pasado, y animar al Gobierno de España a hacerlo cuanto antes”.
El consejero municipal de Urbanismo y Equipamientos, Víctor Serrano, se ha mostrado partidario de que la Iglesia se haga cargo de este impuesto, siempre y cuando el IBI se aplique a los equipamientos “que no estén al servicio del culto, del interés públicos o de los derechos sociales”. Sería una modificación “pequeña”, ha indicado Serrano, porque la Iglesia, ha dicho, “ya paga el IBI por los inmuebles que tienen lucro”.
Por su parte, la consejera municipal de Hacienda, María Navarro, ha acusado a Rivarés de “sectario” por el hecho de que la moción “solo se centre en la Iglesia Católica”. En este sentido, ha apelado a la Ley de Mecenazgo que regula las exenciones a este impuesto y ha pedido que si se modifica se haga “para todos”.
El alcalde Jorge Azcón ha cerrado el debate preguntándose que, si de verdad Rivarés cree que hay alguien que se “escaquea” de pagar el IBI, “por qué no hizo nada al respecto cuando fue el consejero municipal de Economía”. Además, ha dejado claro que, si el Gobierno central modifica la situación, desde el Ayuntamiento garantizarán que se devuelva “hasta el último euro”.
