El grupo municipal Vox en Zaragoza ha registrado una moción para su debate y votación durante el próximo pleno del Ayuntamiento el 26 de junio. En el escrito se apuesta por la aprobación de la prórroga al convenio que formalizó la gestión del Servicio de atención de personas en situación de dependencia en el Servicio de Ayuda a Domicilio atribuida por el lnstituto Aragonés de Servicios Sociales al Ayuntamiento de Zaragoza durante el año 2020. Algo, han asegurado desde Vox, que “ofrecía datos muy preocupantes sobre la situación del personal, organización y financiación de los servicios sociales que presta el Ayuntamiento por delegación del gobierno de Aragón”.
En particular, se refieren a la situación del personal adscrito a los servicios sociales comunitarios, los servicios sociales especializados y el servicio de igualdad, alertando de su “alto nivel de temporalidad, muy superior al del resto de personal municipal”, han asegurado desde Vox, y de la indefinición jurídica de su relación laboral con el Ayuntamiento.
Ambos informes formulaban la conveniencia de “determinar de manera concreta y acertada las competencias propias que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene en materia de servicios sociales”. En particular se recomendaba realizar un catálogo de los servicios sociales que presta el Ayuntamiento; determinar las atribuciones competenciales de cada uno de esos servicios. Entendemos que especificando en cada caso qué legislación le atribuye la competencia para prestarlos y con qué título competencial: competencias propias, delegadas o impropias (es decir, distintas de las propias o delegadas); establecer el coste de cada uno de esos servicios. Entendemos que en él deberían incluirse no sólo los costes directamente imputables a la prestación directa de los servicios, sino los costes de administración y de coordinación con la administración delegante; lo que en los informes se llamaba “costes directos e indirectos”; y establecer qué financiación se recibe, en su caso, de la administración delegante y si ésta es suficiente en cada caso.
“De la existencia de esa recomendación, que aparecía en los dos informes de la Oficina de Recursos Humanos sólo puede extraerse una conclusión desoladora: que esos estudios no se han realizado hasta ahora por parte del Ayuntamiento”, han lamentado desde Vox añadiendo que “en materia de financiación también aparecían datos preocupantes”.
En concreto en lo referido a la gestión de los servicios sociales (centros sociales, refuerzo valoración de menores, refuerzo valoración IASI, refuerzo dependencia y otros) ya en el año 2019 “la financiación aportada por el Gobierno de Aragón fue deficitaria por un importe de -2.850.761,58 euros y para el año 2020 se estimaba un déficit aún mayor, de -2.885.246,05 euros”, han defendido.
Además, en lo referido a la gestión de la atención de personas en situación de dependencia por el servicio de ayuda a domicilio (sólo gestión, y no prestación directa del servicio) hacían referencia a que ya en el año 2019 la financiación aportada por el Gobierno de Aragón fue deficitaria por un importe de -113.727,51 euros y para el año 2020 se estimaba un déficit aún mayor, de -122.876 euros.
Por último, el convenio suscrito entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y el Ayuntamiento de Zaragoza estimaba el coste de la hora de servicio del contrato de asistencia domiciliaria en 17 euros, mientras que los pliegos de la licitación del servicio (actualmente paralizados) se estipulaba un precio de 19,16 euros sin IVA y 19,93 con IVA, lo que alerta de “otra posible importante infradotación en la prestación de este servicio, a añadir a la de la gestión administrativa señalada en el párrafo anterior”, han dicho.
Es por ello que el grupo municipal Vox presenta la moción para que el pleno inste al gobierno municipal la realización de un estudio para analizar la situación del personal adscrito a los servicios sociales comunitarios, los servicios sociales especializados y el servicio de igualdad, y las posibles soluciones a su situación de temporalidad y de indefinición jurídica de su relación laboral con el Ayuntamiento, teniendo en cuenta que las delegaciones de competencias en estas materias y su ejercicio por parte del Ayuntamiento parecen tener vocación de permanencia.
También solicitan la realización en el menor plazo posible de un estudio para “determinar de manera concreta y acertada las competencias propias que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene en materia de servicios sociales”, sus títulos competenciales, leyes o encomiendas de gestión que se los atribuyen, y coste y suficiencia de medios para la prestación de cada uno de los servicios sociales asumidos.
Así como la renegociación con el gobierno de Aragón de la dotación económica de los convenios de delegación de competencias en materia de servicios sociales, de forma que se garantice la suficiencia de medios.
Estructura administrativa
El grupo municipal Vox en Zaragoza también planteará, para la Comisión de Presidencia, Hacienda e Interior, Economía, Innovación y Empleo, varias cuestiones. En primer lugar, en cuánto valora el equipo de gobierno el incremento del coste retributivo de la Relación de Puestos de Trabajo, que desarrollará en cada Área la nueva organización de la estructura administrativa municipal.
Y también, cuándo piensa dotar de personal la Junta Municipal de Reclamaciones Económico-Administrativas y el Tribunal de Contratos, y con qué niveles y criterios de provisión.
