El Gobierno de Zaragoza ha condenado la situación política y social que se vive en Venezuela desde los últimos años. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha calificado de “dictadura” el Gobierno del país. El 6 de diciembre se celebraron las elecciones parlamentarias, las cuales ganó el partido chavista, y cuya credibilidad ha sido puesta en duda por Juan Guaidó. Zaragoza ha mostrado su apoyo a las organizaciones venezolanas que han desarrollado una campaña para destituir al actual presidente.
“En Venezuela no se está respetando ni la libertad ni los derechos humanos. Es una farsa. Lo que ocurre no puede ser reconocido por la Comunidad Internacional”, ha manifestado Azcón. La vicealcaldesa de la ciudad, Sara Fernández, también se ha sumado a las palabras del alcalde y ha pedido que se reconozca al opositor de Maduro, Juan Guaidó, como el verdadero presidente de Venezuela: “Queremos que se rechace la usurpación de poder de Maduro y se organicen unas verdaderas elecciones democráticas”.
La coordinadora de la consulta popular de Venezuela en Zaragoza, Carolina Marín, ha declarado la necesidad de establecer una campaña de apoyo a su país: “El 6 de diciembre el régimen de Nicolás Maduró cometió un fraude monumental porque tiene secuestrados a los partidos políticos y los poderes públicos”. Desde la Asamblea Nacional han activado un mecanismo de consulta popular, en el que se faculta al pueblo para que todas las decisiones importantes del estado puedan ser debatida por los ciudadanos. “Nosotros apoyamos a las personas para que manifiesten su voluntad en torno a tres preguntas: ¿Exige usted el cese de la presidencia de Maduro y considera que se deberían convocar unas elecciones justas? ¿Rechaza usted el evento del 6 de diciembre organizado por Maduro? ¿Ordena usted a la Asamblea Nacional adelantar las cuestiones necesarias para rescatar la democracia del país?”.
Marín ha manifestado que Venezuela lo dirige “una pandilla de delincuentes y narcotraficantes”. La coordinadora considera que todo comenzó con Hugo Chávez, y que no se puede permitir que una persona que ha cometido crímenes contra la humanidad gobierne un país.
