Taquillas de La Romareda
La Romareda sigue centrando los debates del Ayuntamiento

El Grupo Municipal Vox ha solicitado la comparecencia del consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, para que aclare “qué conversaciones reservadas han tenido lugar entre el Real Zaragoza y el Ayuntamiento”. Según el portavoz de la formación, Julio Calvo, la última alegación de la Sociedad Anónima “no parece dirigida a la propuesta de modificación aislada”, sino “a unas condiciones pactadas o por pactar”. También consideran importante aclarar, desde un punto de vista jurídico, “las diferencias que pudiera suponer la licitación”.

Lo cierto es que la mención formulada por el Real Zaragoza a una concesión a 50 años “permite suponer la existencia de conversaciones reservadas entre el Ayuntamiento y el club”. “Es sabido que la normativa aplicable permitiría una concesión a 75 años”. Además, tampoco es “comprensible” una alegación sobre el tipo de concesión y el modo de gestión “cuando la modificación aislada se refiere a cuestiones urbanísticas”, señalan desde Vox.

En este mismo sentido, “los plazos de las concesiones administrativas del aprovechamiento de un equipamiento de uso público y del derecho de superficie son idénticos, 75 años”. Por ello, “no se aprecia diferencia práctica sobre el modelo de gestión del campo y de los edificios de usos complementarios”. Estos son el hotel, residencia, restaurantes, gimnasio y usos terciarios en general.

EL GOBIERNO DE ARAGÓN

Además, Vox ha hecho una interpelación para conocer “qué fundamentos jurídicos y registrales avalan las alegaciones presentadas por la DGA a la modificación parcial de PGOUZ que afecta a La Romareda”. Se ha sabido que el Gobierno de Aragón ha presentado alegaciones “el último día hábil para ello”. El máximo organismo aragonés reclama 3.620,07 m² “cuyo mantenimiento lo ha hecho el Ayuntamiento los últimos 30 o 40 años”, según Calvo.

En las alegaciones “no solo se reivindica la titularidad del terreno, que podría subsanarse con la cesión de los mismos, cuya recepción fue aceptada por el Ayuntamiento en 2016”. Sino que indica “la imposibilidad de destinarlos a un uso lucrativo, lo que podría comprometer la viabilidad económica de la operación”.

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