Las Cortes de Aragón estudiarán el despliegue irregular de las energías renovables, tras salir adelante la Comisión de Investigación del Gobierno PP-Vox, con la única abstención del PSOE. Así lo ha determinado este jueves la cámara autonómica, con el objetivo determinar si se cometieron irregularidades en el pasado, si hubo empresas beneficiadas o presiones a los funcionarios del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) para autorizar instalaciones que no cumplían los requisitos o transitaban zonas grises de las leyes, como los parques fragmentados.
PLENO DE LAS CORTES
En palabras del portavoz popular, Fernando Ledesma, además de “depurar responsabilidades”, si las hubiera, esta comisión busca también fijar las bases del sector energético. Vox quiere saber también si el Ejecutivo de Javier Lambán se planteó recurrir a otras fuentes alternativas, como la energía nuclear. El principal socio de la DGA ha aludido también a la empresa Forestalia, en el ojo del huracán tras las informaciones publicadas por el diario El Mundo en mayo. “Una brutal red a la que Lambán concedió el sector eólico y solar”, ha declarado Juan Vidal.
De la oposición, Leticia Soria (PSOE) ha asegurado que “no participarán de este espectáculo”. “Si no se quisieran arrojar sombras, hubieran creado una Comisión de Estudio”, ha criticado Soria, quien también ha recordado que los populares prometieron una moratoria en el despliegue de la energía, dentro del pacto de la DPT con Teruel Existe, un tema que no ha vuelto a salir a la palestra desde entonces. Desde la abstención, los socialistas no jugarán un papel discreto en la Comisión, más bien lo contrario: “vamos a ser una parte activa y solicitaremos tantas comparecencias como sea”.
GUITARTE RECUERDA QUE EL TEMA YA ESTÁ EN LA FISCALÍA
Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), uno de los más críticos con esta cuestión, ha recordado que ya hay casos de parques eólicos y fotovoltaicos en la Fiscalía, por las alusiones entre socialistas y populares. “Antes de tirar balones fuera”, Guitarte ha recalcado que hay al menos dos instituciones regionales implicadas en estos procesos, además del Ministerio de Transición Ecológica, como la Dirección General de Medio Natural y el mencionado Inaga. “Ahora, se aprueban cerca del 95% de los expedientes”, ha criticado.
Críticas al supuesto despliegue irregular al margen, los partidos han coincidido en la importancia de adaptar Aragón a las energías renovables, una consigna que han defendido CHA, Podemos y el PAR, si bien esto no debe eximir al Gobierno de seguir legislando. De lo contrario, como ha recalcado Álvaro Sanz (IU), “el daño ya está hecho”.